Las sanciones de la UE a los asentamientos israelíes en Cisjordania continúan encalladas a pesar del apoyo mayoritario
Entidades pro derechos humanos urgen a la Comisión a cortar las relaciones comerciales a raíz del pronunciamiento hace dos años del Tribunal Internacional de Justicia
Bruselas / BarcelonaLa Unión Europea continúa atascada en las sanciones contra los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Es una de las medidas de presión que lleva más tiempo sobre la mesa del Consejo de Exteriores de la UE y cada vez cuenta con más apoyo entre los estados miembros. De hecho, según ha explicado en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, una "mayoría" de los ministros europeos de Asuntos Exteriores se han mostrado favorables a prohibir el comercio con las zonas ocupadas de Cisjordania en el encuentro de este lunes en Bruselas, pero no ha anunciado ninguna propuesta legal ni previsión de hacerlo realidad.
Aunque se trata de una medida comercial, la Comisión Europea, liderada por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, quiere considerarlo una sanción en materia de política exterior. De esta manera no se puede aprobar por mayoría cualificada entre estados miembros, sino que se tiene que tramitar por unanimidad. Este movimiento ha enfadado a varios ministros de Exteriores europeos y uno de los que se ha mostrado más contundente en este sentido ha sido el español, José Manuel Albares, que lo ha tildado de "táctica dilatoria".
España y países como Francia, Bélgica o los Países Bajos son algunos de los estados miembros que ejercen más presión diplomática contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. A pesar de ello, siempre se topan con la oposición de gobiernos tradicionalmente prosionistas, como el de Alemania o el de Austria. De hecho, a pesar de que la investigación de la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Gaza, la UE apenas ha aplicado ningún tipo de sanción contra Tel Aviv y mantiene vigente el acuerdo de asociación, que establece un marco político y comercial entre las dos potencias, aunque está sujeto al respeto a los derechos humanos.
La opinión del Tribunal Internacional de Justicia
Concretamente sobre el comercio con los asentamientos ilegales, en el año 2024, el Tribunal Internacional de Justicia resolvió que los estados deben "adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado". La resolución lo justificaba asegurando que Israel había cometido múltiples vulneraciones del derecho internacional, incluidas actuaciones que se pueden equiparar a un régimen de apartheid.
En esta línea, países como España han impulsado algunas restricciones en materia comercial en ámbitos que quedan fuera de la competencia de Bruselas. "Pero en la mayoría de ámbitos de la política comercial, la decisión la debe tomar la Unión Europea", señala Alfons González Bondia, profesor de derecho internacional en la Universitat Rovira i Virgili. A raíz de la sentencia, organizaciones por los derechos humanos ya no solo piden a la UE una prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, sino que ahora ya la consideran una obligación.
Actualmente los Veintisiete imponen más aranceles a los productos de zonas ocupadas que a los que se importan desde territorio israelí, una medida que Tel Aviv neutraliza con compensaciones a las empresas. Precisamente una de las opciones que tenían sobre la mesa este lunes los titulares de Exteriores europeos era no acordar una prohibición y optar por la vía de imponer contundentes aranceles hasta el punto de hacer casi imposible el comercio con los territorios ocupados, según un documento interno de la Comisión Europea recogido por Euronews.
En un comunicado de finales de junio, Amnistía Internacional calificaba de "manifiestamente inadecuada" la política actual de la UE respecto a los asentamientos ilegales. La entidad pro derechos humanos señalaba que las políticas actualmente en marcha "sin duda no constituyen medidas para impedir el comercio con los asentamientos ilegales", sino que "están diseñadas para continuar este comercio", hecho que contribuye a "sostener" la situación de ilegalidad. Y sobre la posibilidad de hacer presión mediante los aranceles, advertía que "probablemente" Israel los compensaría, tal como ya hace con las tasas aplicadas a los productos de territorios ocupados.
Sea como sea, el consenso dentro de la Unión Europea, a pesar de todo, todavía no ha llegado. "Para la UE, es una decisión difícil de tomar, porque, aunque cada vez hay menos diferencias, no todos los estados tienen la misma opinión sobre la actuación de Israel", asevera González Bondia. "Cada uno de los estados analiza las medidas desde su punto de vista y teniendo en cuenta cómo le afectarán particularmente. Además, no suele ser habitual utilizar este tipo de medidas contra países que en teoría son socios de Europa", concluye.
