La UE avala la creación de campos de deportación de inmigrantes como los de Meloni

BruselasLa Unión Europea ha pasado de cargar duramente contra las recetas en materia migratoria que propugna la extrema derecha a hacérselas suyas. Los Estados miembros acordaron por una amplia mayoría este lunes avalar la apertura de campos de deportación de inmigrantes fuera de las fronteras comunitarias, como los que Giorgia Meloni ha creado sin éxito en Albania. Además, los migrantes o solicitantes de asilo no sólo estarán encerrados en estos centros de forma temporal mientras se les evalúa el caso o se les envía a otro país, sino que también pueden quedarse retenidos de forma indefinida.

El hecho de que los migrantes puedan quedarse recluidos en estos campos sine die es uno de los puntos de la reforma migratoria que España quería evitar. Sin embargo, el gobierno español se quedó casi solo contra la medida y las negociaciones en el Consejo de Interior de la UE se alargó sólo algunos minutos, algo poco habitual en este tipo de discusiones tan sensibles políticamente. Sin embargo, al menos el pacto se compromete sobre el papel que los Estados miembros sólo puedan acordar con países terceros la apertura de campos de deportación de inmigrantes siempre que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos.

Los estados miembros también han acordado este lunes la posibilidad de enviar recién llegados que se encuentran de forma irregular en la UE y solicitantes de asilo a países terceros con los que no tienen ningún vínculo, ni de origen ni familiar. Se trata de otra de las medidas más polémicas de la propuesta impulsada por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Algunos países, como Alemania, han expresado públicamente sus dudas sobre la eficacia de la iniciativa, puesto que se teme que sea demasiado cara y logísticamente sea complicada de llevar a cabo. Sin embargo, uno de los pocos gobiernos que se mostró abiertamente en contra fue el español, que volvió a quedar completamente con minoría —junto a Portugal y Francia, según fuentes diplomáticas de este diario— y vio cómo la mayoría de socios europeos dado luz verde a la reforma.

La lista de países teóricamente seguros donde los socios de la UE tienen manga ancha para deportar a inmigrantes y solicitantes de asilo no la determinará Bruselas, sino los propios estados miembros. Ahora bien, estos países terceros deben cumplir con una serie de requisitos: deben respetar el principio de devolución a países no seguros, garantizar que las personas no corren riesgo por cuestiones de sexo, raza o religión y que, entre otros, reciban educación, sanidad, asesoramiento legal y alojamiento digno. Sin embargo, hay que recordar que la Comisión Europea ya ha cerrado acuerdos de retorno de inmigrantes o para que hagan de muro de contención de las rutas migratorias con regímenes como los de Túnez o Marruecos, que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos con el trato de estas personas, según han demostrado diversas informaciones periodísticas y han denunciado diferentes organizaciones sin ánimo de lucro.

La lista de países que sí ha determinado la Unión Europea son la "de origen seguro" que ha presentado Bruselas incluye a todos los estados candidatos a adherirse a la UE –Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia y Norte, Serbia, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Esta medida permitirá a los Estados miembros procesar las solicitudes de asilo por la vía rápida y con menos garantías de la gente que llega de esa lista de países teóricamente seguros. El objetivo es, según justifican fuentes diplomáticas, tramitar más rápido unas "solicitudes que probablemente son infundadas", aunque sea en detrimento de las garantías legales y de la protección de los recién llegados.

La intención de estas medidas es incrementar el número de deportaciones y acelerar los procedimientos. Según datos de la propia Comisión Europea, los Estados miembros sólo consiguen deportar a cerca del 25% de los inmigrantes a los que se les ha denegado la solicitud porque a menudo no se consigue localizarlos o porque los países de origen no quieren aceptarlos.

Una UE poco solidaria

Pese a que los dirigentes europeos repiten que la Unión Europea debe ir a la una y afrontar los retos de forma conjunta, a la hora de la verdad y especialmente en migración, el lema a menudo se resquebraja. Ha quedado patente en el otro acuerdo de este lunes sobre el conocido como mecanismo de solidaridad, que adjudica el reparto de recién llegados que entran en territorio europeo entre países. Los socios europeos han pactado que no están obligados a acoger a inmigrantes y solicitantes de asilo de otros estados; y que la contribución financiera a socios que, como España, se encuentran "bajo presión migratoria" sólo estará dotado de un presupuesto anual de 420 millones de euros -en un principio era de 600 millones- y afectará como máximo a 21.000 recién llegados, nueve mil menos de la cifra inicial que estaba sobre la mesa.

El reparto de inmigrantes no será obligatorio en ningún caso, ya que muchos estados miembros —sobre todo los del Norte y el Este, que son los que por motivos geográficos reciben menos— se oponían en redondo. Así, para contribuir a la acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo y evitar que vayan a su país, tienen dos alternativas: compensaciones económicas o el envío de recursos varios. Aún no se ha cerrado la cifra de dinero que cada Estado miembro aportará en el presupuesto de mecanismo de solidaridad, que se ha visto sustancialmente recortado, ni qué recursos destinará cada socio europeo. Tampoco se sabe, por tanto, exactamente qué recibirán los países que la Comisión Europea ha determinado que están "bajo presión migratoria", como son España, Chipre, Grecia e Italia. En cualquier caso, es seguro que será mucho menos de lo que pedían estos países y de lo que se había previsto inicialmente.