AMÉRICA LATINA
Internacional 02/03/2021

Los indígenas se oponen al negocio de la madera en Guatemala

El pueblo maya quiché dice que la concesión de licencias para la tala de árboles atenta contra sus derechos

èlia Borràs I Augusto Magaña
4 min
Un grupo de mujeres mayas  conversan mientras toman café, a la ciudad de Cajola, en una imagen de archivo.
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Santa Cruz del QuichéGuatemala exporta cada año más de 500 millones de dólares en productos forestales, según los datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala (Sifgua). Un negocio que, además, ha ido creciendo en los últimos años en un país donde el 33% del territorio está cubierto por el bosque. A pesar de que más de la mitad de estos bosques están protegidos, la deforestación se ha desacelerado pero no se ha parado: el país pierde cada año unos 200 kilómetros cuadrados de verde, de bosque.

En el Quiché, las organizaciones indígenas alertan del peligro que supone la deforestación. El Consejo de Pueblos K’iche’ (CPK) hace años que lucha contra la concesión de licencias para talar árboles en este departamento del noroeste del país centroamericano. A pesar de no ser una de las regiones con más industrias forestales de Guatemala (solo hay 18 empresas de este tipo, mientras que en el departamento de Chimaltenango hay 127), el pueblo maya quiché cree que la sequía que está afectando a sus plantaciones de maíz (la milpa) tiene que ver directamente con la concesión de licencias para la tala.

“Antes aquí el bosque era muy denso y ahora ya no, porque hay menos árboles y los que hay son nuevos”, explica Sebastiana Par, una de las dirigentes del CPK mientras pasea por una de las comunidades más afectadas por la deforestación de su municipio, Santa Cruz del Quiché, capital de la región. En la tierra por donde anda hay restos que evidencian que se habían talado árboles: varios troncos donde antes había habido pinos, y un suelo cubierto completamente por serrín, con cortezas y ramas tiradas por el suelo.

En este pequeño terreno todavía quedan algunos pinos en pie, pero les han cortado las ramas y los han marcado con una X, preparados para ser talados. En el camino hay varios fajos apilados e incluso hay unas mesas de madera secándose contra un muro de una de las casas de la comunidad. Un señor aparece por el camino. Su nombre es Miguel Ángel y explica que su milpa se está muriendo porque no hay agua. Asegura que la razón de todo es que se están cortando demasiados árboles y que, según él, esto hace que no llueva.

¿El problema son las licencias?

El director regional del Instituto Nacional de Bosques (Inab), Byron Palacios, reconoce que hay un vínculo directo entre bosque y clima, pero señala que el problema no son las licencias para talar árboles. “En el Quiché solo hay 87 licencias y son muy pequeñas, para terrenos de entre 10.000 y 20.000 metros cuadrados. En total en el departamento hay unos 200 kilómetros cuadrados para la producción de madera”, asegura Palacios. La deforestación no está directamente relacionada con las industrias forestales, sino con el elevado consumo de madera con finalidad energética de la población guatemalteca, según el director regional del Inab. En el país centroamericano se consumen unos 30 millones de metros cúbicos de madera al año, de los cuales solo unos 500.000 provienen de licencias forestales y un millón y medio se extraen de plantaciones exentas de licencias, afirma Palacios. “Una persona consume al año más o menos 2,7 m³ de madera de manera desordenada y sin recuperación del bosque”, señala el director regional de la institución.

Para afrontar esta situación, el Inab invierte casi 8 millones de euros al año en programas de incentivos forestales que benefician a unas 12.000 familias solo en el Quiché. Una persona que se beneficia de uno de estos programas recibe unos 400 euros al año por cada 10.000 metros cuadrados de terreno protegido, a cambio de evitar la tala ilegal, la incidencia de plagas y el peligro de incendios. Estos programas de incentivos, sin embargo, no prohíben que el propietario del terreno pueda talar sus árboles a pequeña escala, siempre que se comprometa a recuperar el bosque. Un pino en buenas condiciones puede llegar a costar entre 175 y 230 euros. “El Inab se aprovecha de la pobreza. La gente muchas veces vende sus árboles para poder comer”, asegura la líder del CPK, Sebastiana Par. Según las organizaciones indígenas, además, con el otorgamiento de licencias para talar se estaría vulnerando su derecho a ser consultados sobre los proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios, como establece el Convenio 169 del OIT.

Estado “racista”

El año 2011 unas 28.000 personas rechazaron el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros y carpinteros en una consulta que se celebró en las 97 comunidades de la capital de la región. “Cuando hacemos las consultas no les dan seguimiento. Estamos en un estado racista y excluyente”, afirma Par. Pero el Inab defiende que las licencias se otorgan siempre en terrenos privados y cumplen lo que dice la ley forestal.

Desde el CPK consideran que la tala de árboles también atenta contra su cosmovisión. “La deforestación no solo produce sequía, sinó que también afecta a nuestra espiritualidad”, apunta Par. Por eso, creen que para frenar el cambio climático se tendría que tener más en cuenta su visión de relacionarse con el medio ambiente. “Si se entendiera el carácter sagrado de la naturaleza habría menos calentamiento global”, subraya la dirigente del CPK.

* Este texto forma parte del proyecto 'El agua es vida', de AlterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas, con el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con la financiación del proyecto Frame, Voice, Report de la Unión Europea, LaFede.cat, la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament y el Ayuntamiento de Barcelona.

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