Perú no sabe qué hacer con el cadáver del líder de Sendero Luminoso

Barcelona¿Qué pasa cuando muere un terrorista condenado por miles de asesinatos pero que todavía tiene centenares de seguidores? Esta es la pregunta que están intentando responder estos días las autoridades peruanas a raíz de la muerte, el pasado sábado, de Abimael Guzmán, el fundador y líder de Sendero Luminoso, que cumplía dos condenas a cadena perpetua como responsable último de las 35.000 muertes que se atribuyen a esta organización terrorista de inspiración maoísta.

El gobierno del país andino teme que si Guzmán es enterrado, su tumba se pueda convertir en un lugar de peregrinaje de los miembros todavía activos de la guerrilla y sus seguidores, y para evitarlo ha anunciado la tramitación de un proyecto de ley que permita incinerarlo, según anunció el martes el ministro del Interior, Juan Carrasco, que recordó que, una vez difunto, Guzmán "ya no es sujeto de derecho". "Desde mi punto de vista como ciudadano, considero que el cuerpo de Abimael Guzmán tiene que ser incinerado, porque en caso contrario se convertiría en un tema de apología del terrorismo", añadió Carrasco.

La petición de la viuda

Mientras no se apruebe esta nueva legislación, la ley determina que cuando un preso muere mientras cumple condena sus restos se tienen que entregar a la familia. La única persona con capacidad legal para reclamar el cuerpo de Guzmán es su mujer, Elena Iparraguirre, considerada la número 2 de Sendero Luminoso y que también fue condenada a cadena perpetua en 1992. De hecho, Guzmán e Iparraguirre se casaron en 2010, cuando ya hacía 18 años que estaban en la prisión.

El domingo, al día siguiente de la defunción del líder terrorista, Iris Quiñones, exconvicta por terrorismo que salió en libertad hace unos años, acudió a la fiscalía para pedir en nombre de Iparraguirre que le entregaran los restos de Guzmán, pero la petición no se aceptó porque la mujer no presentó los poderes notariales imprescindibles para hacer la gestión. El mismo día, la viuda había solicitado el habeas corpus para poder ir al depósito a recoger el cadáver, pero no solo no se le permitió hacerlo sino que, además, fue recluida en una celda de máxima seguridad por haber "exaltado" la figura del terrorista en unas llamadas telefónicas que hizo ilegalmente a seguidores de Sendero Luminoso el mismo día de la defunción.

Antes de anunciar el proyecto de ley, el gobierno había intentado poner la pelota en el tejado de la Fiscalía, a la que había pedido explícitamente que ordenara quemar el cuerpo de Guzmán. "El ministerio público tiene que analizar el ordenamiento jurídico haciendo prevalecer el orden público. Tiene que evitar que [Guzmán] sea enterrado como cualquier otro preso, porque esto daría pie a rendirle culto u homenaje. Por eso tendría que disponer la incineración del cadáver, para que pongamos fin definitivamente a esto", dijo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en una entrevista radiofónica. Según Torres, "no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su locura, y buscarán enaltecerlo y homenajearlo". La Fiscalía, sin embargo, volvió la responsabilidad al gobierno: "Sobre la incineración, no hay ningún marco normativo que lo disponga. Es un vacío que se tiene que tratar en los órganos competentes, sea en el Congreso o en el ejecutivo", defendió la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos Rivera.

Teoría de la conspiración

Mientras, la oposición de derechas ha iniciado una campaña para poner en entredicho que efectivamente Guzmán haya muerto, y hace circular rumores según los cuales el presidente Castillo sería un simpatizante de Sendero Luminoso y habría facilitado la fuga del terrorista de la prisión con un helicóptero. Para alimentar esta hipótesis, resumida en el hashtag de Twitter #queremosverelcuerpo, seis diputados se presentaron el lunes en la sede de la Fiscalía de Callao, donde está el cadáver, y exigieron verlo, para confirmar que efectivamente Guzmán está muerto. La petición fue denegada, cosa que dio alas a los defensores de la teoría de la conspiración. "Los peruanos empiezan a exigir que les muestren el cuerpo de Abimael Guzmán. Temen que no sea cierto que haya muerto y que este gobierno (formado por ministros mentirosos miembros de Sendero Luminoso) lo ha liberado", tuiteó un ex candidato al Congreso, Daniel Cordova.

En lo que sí están de acuerdo gobierno y oposición es en la necesidad de que Guzmán no sea enterrado. Representantes de los dos extremos del espectro político han coincidido en reclamar, incluso, que sus cenizas no sean lanzadas al mar, para no "ensuciarlo".

29 años en la prisión

Abimael Guzmán, nacido en la ciudad peruana de Mollendo en 1934, era un profesor de filosofía que, a finales de los años 60, se puso al frente de Sendero Luminoso, una escisión del Partido Comunista peruano que en 1980 inició una lucha armada contra el gobierno. Durante 20 años, el conflicto entre esta y otras organizaciones terroristas, por un lado, y las fuerzas de seguridad del país, por el otro, dejó entre 50.000 y 70.000 muertos, aproximadamente la mitad de los cuales atribuidos a Sendero Luminoso.

Guzmán, que había estado casado con otra dirigente de la banda, Augusta La Torre (muerta a finales de los años 80), fue detenido el 12 de septiembre de 1992 en un piso franco de Lima, junto con otros miembros de la organización, entre los cuales estaba Iparraguirre. Después de un juicio de tres días, en el que los magistrados iban con el rostro tapado para evitar ser reconocidos y sufrir represalias, fue condenado a cadena perpetua y encerrado en la prisión de la base naval de Callao, donde murió con 86 años el pasado 11 de septiembre, un día antes del 29º aniversario de su arresto.