Piñera militariza la tierra mapuche para tapar la crisis política
El escándalo de los 'papeles de Pandora' sacude la campaña a un mes de las presidenciales
Santiago de ChileDos años después del estallido social contra su gobierno y la herencia de la dictadura, y salpicado por los papeles de Pandora, el presidente chileno Sebastián Piñera ha abierto una ofensiva contra los pueblos indígenas y, en especial, contra los mapuche. El mandatario ha decretado el estado de excepción por “grave alteración del orden público” en varios territorios de Araucania y Bío Bío, situados en el sur del país, las regiones conocidas en lengua indígena como Wallmapu. Falta un mes para las elecciones presidenciales y su candidato tiene las encuestas en contra.
La decisión llega después de semanas en las que las acciones violentas en la zona se han intensificado. Ha habido quema de camiones y de fincas privadas que han causado una víctima mortal. Según datos oficiales, los “hechos de violencia rural” han aumentado este año un 46% respecto al mismo periodo del año pasado. “Hace falta que el estado haga uso de todos los medios para proteger a la población, preservar el orden público y garantizar los derechos constitucionales”, dijo el presidente.
El decreto, que tiene una vigencia de 15 días prorrogable, restringe el derecho a reunión y la libertad de movimiento en la zona y ha aumentado hasta 900 el número de militares que apoyarán a la policía. La autoridad vincula la decisión con “el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Pero Salvador Millaleo, académico e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, recuerda que en los últimos veinte años solo un mapuche ha sido condenado por terrorismo. “Se ha generado una sensación de terror amplificada por la línea editorial de los principales medios de masas del país que son antiindígenas y conservadores”, dice. También advierte de que el hecho de que el ejército controle la zona puede intensificar la espiral de violencia, porque los militares “no tienen protocolos adecuados para afrontar situaciones complejas sin violar los derechos humanos, ya se vio durante la revuelta social de 2019 y no se ha corregido”.
La comunidad de Temucuicui, una de las afectadas, ha acusado al estado y al gobierno de “racistas y terroristas” y “de aumentar y endurecer la militarización, represión y contención del movimiento de resistencia mapuche”. Adolfo Millabur, exalcalde de uno de los municipios afectados por el decreto y ahora representante de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente, que tiene que redactar la carta magna para sustituir la de la dictadura de Augusto Pinochet, considera que la decisión de Piñera “demuestra que no hay capacidad de diálogo y que no se actúa desde la política sino desde la fuerza”. Opina que no se trata de un problema de delincuencia, como lo entiende la actual administración, sino de un conflicto político: “El narcotráfico no es propio de nuestro territorio, existe en todo el país”. Para él, todo ello es “una cortina de humo para apaciguar la polémica por corrupción que afecta al presidente”.
Una trinchera electoral
El conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche se ha enquistado durante décadas por la falta de una respuesta histórica a las reivindicaciones de los indígenas. En los últimos años la tensión entre las partes ha ido aumentando y la zona se ha convertido en una trinchera política y electoral. Algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, que también afrontan elecciones en noviembre, hacía tiempo que insistían al gobierno para que decretara el estado de excepción. También lo habían hecho los candidatos presidenciales de la extrema derecha, José Antonio Kast, y de la derecha que hoy gobierna, Sebastián Sichel.
Pocos días antes del polémico anuncio, la represión contra los pueblos indígenas también se hizo sentir en la capital durante la manifestación de protesta contra el 12 de Octubre, una fecha que en varios países de América Latina se conoce como el Encuentro de los Dos Mundos. La policía desplegó un operativo que acabó con nueve detenidos, decenas de personas heridas –también agentes– y una manifestante muerta por el impacto en el cuello de un fuego artificial que un participante habría lanzado.
