282 municipios resisten a la sequía con captaciones propias

BarcelonaHace más de seis meses que diez camiones cisterna llegan a diario a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) para garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población. De julio a diciembre de 2023 se necesitaron un total de 625, que llevaron 17.511 m3 de agua. El municipio no está conectado a la red de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), sino que depende totalmente del agua que le proporcionan sus propias captaciones. Hasta ese verano habían sido suficientes para asegurar el consumo de agua de los vecinos, pero la falta histórica de precipitaciones ha llevado al pueblo a una situación límite, puesto que estos recursos se han agotado. “Cada vez podemos sacar menos agua de los pozos. No conseguimos cubrir la demanda”, explica el alcalde del municipio, Pol Cabuti. Es por ello que la solución de emergencia que han encontrado es recurrir a los camiones cisterna, que tienen un coste de entre 3.500 y 4.000 euros diarios. Este es un escenario que se repite, en menor o mayor medida, en todo el territorio, ya que en las cuencas internas de Cataluña hay otros 281 municipios que se autoabastecen con captaciones propias, como pozos o minas subterráneas.

Con carácter general, suelen ser municipios que tienen un pozo de titularidad municipal (también derivaciones de río o balsas) que suele estar conectado a un sistema de potabilización que hace que el agua sea apta para el consumo humano. Forman parte de las unidades de explotación de Anoia-Gaià (con 37 municipios), la cabecera del Ter (con 63 municipios), la cabecera del Llobregat (23 municipios), el Empordà (43 municipios), el Llobregat Mitjà ( 34 municipios), Prades-Llaberia (22 municipios) y la Cordillera Transversal (59 municipios). Esto no quiere decir que todos se encuentren en una situación tan crítica como la de Sant Feliu de Codines, pero según Jesús Vargas, investigador de la Universidad de Málaga y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, “los municipios abastecen de acuíferos son mucho más vulnerables” que “aquellos que están conectados a grandes sistemas de abastecimiento superficial”. Desde la Agencia Catalana del Agua (ACA) coinciden en que en períodos de sequía extrema como el que estamos viviendo, muchos municipios con captaciones propias y vulnerables "pueden tener problemas de agotamiento de reservas".

En fase de excepcionalidad hídrica

Con una única excepción, estos municipios se encuentran en situación de excepcionalidad hidrológica, o sea, deben limitar su consumo a 230 litros por habitante y día (en emergencia este tope es de 200). Esto se explica, por un lado, porque estas siete unidades de explotación en las que se incluyen se fijan por el umbral de pluviometría (lluvia acumulada), que es un indicador distinto al de los embalses como el Ter-Llobregat o el Darnius -Boadella. Mientras estos últimos dependen de la disminución de las reservas de agua, el indicador de pluviometría compara un determinado episodio de lluvias con la serie pluviométrica histórica de un mismo lugar. Por otra parte, porque para determinar la fase del Plan de Sequía en la que se encuentran los municipios se aplica un criterio común en función de la pluviometría en toda la unidad de explotación. Por tanto, aunque puede haber municipios con una problemática más grave, el valor global de la unidad pesa más. “Hay que analizar caso por caso. Hay municipios que pueden tener problemas dentro de una unidad, y otros que no”, explican desde la ACA.

Este es el caso de Vallirana (Baix Llobregat), situado a 25 km de la capital catalana: que forma parte de la unidad Anoia-Gaià, que está en situación de excepcionalidad, declaró la emergencia hidrológica el 13 de noviembre de 2023. “Nos autoabastecemos del agua de los pozos que tenemos en el municipio, pero estos pozos van menguando . Por eso en su momento pedimos declarar el estado de emergencia”, explican desde el municipio. Sant Feliu de Codines —que forma parte de la Cabecera del Ter—, se ha reflejado en esta situación, y explica al ARA que ha solicitado a la Agencia Catalana del Agua que declare la emergencia en el municipio . "Barcelona ha entrado en emergencia antes de llevar agua con barcos, y nosotros es como si ya lo estuviéramos haciendo", explica Cabuti.

Conexión a las grandes redes

Paralelamente, ambos municipios también trabajan para conectarse a la red de ATLL, pero reconocen que se trata de una medida a “medio-largo plazo”. En cambio, esta es una fórmula que podría ver sus frutos en los próximos meses en Espluga de Francolí (Conca de Barberà), aunque en este caso se conectaría a la red del Consorcio de Aguas de Tarragona. Las obras está previsto que acaben este verano, pero hasta entonces —y desde el 2022— deben recurrir al agua de los camiones cisterna, que llegan a diario al municipio. Sin ir más lejos, en la semana del 5 de febrero llegaron 60 camiones a lo largo de la semana, que tuvieron un coste de 10.986 euros. A éstos también se suma una medida más drástica, los cortes de agua desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana. “En el municipio muchas casas tienen depósitos, hay gente que ya está preparada porque habíamos sufrido episodios de escasez de forma puntual en años anteriores. Pero también hay vecinos que han tenido que cambiar su rutina”, explican fuentes municipales.

Como demuestran los casos de Vallirana o Sant Feliu de Codines, los municipios más vulnerables han tenido que poner manos a la obra para recuperar equilibrio hídrico y asegurar una necesidad básica: que toda la población tenga agua potable. Además de los camiones cisterna, la principal medida que han tomado a corto plazo es explorar nuevas captaciones de agua -es decir, abrir nuevos pozos-, pero también reducir la presión del agua, reparar fugas y mejorar la eficiencia de la red, digitalizar el sistema de contadores de agua, aplicar la ordenanza de usos de agua o impulsar campañas de concienciación para reducir su uso doméstico. “Son pequeñas acciones que debemos ir haciendo para poder subsistir. Nunca habíamos vivido esta situación de forma tan prolongada e intensa”, reconocen desde la Espluga del Francolí. “La situación es complicada. Por ahora, sólo podemos rezar que llueva o abrir nuevos pozos para intentar coger más agua”, lamentan desde Vallirana.

Ayudas para garantizar el abastecimiento

Para mitigar el impacto de la sequía en los municipios más vulnerables, la ACA ha destinado entre 2022 y 2023 cerca de 1,3 millones de euros a través de 59 ayudas para el transporte de agua en vehículos cisterna y ejecución de actuaciones de emergencia, como apertura de pozos y conexiones de red a escala local. Estas ayudas oscilan entre el 30 y el 95% del coste total, en función de la población censada, con un límite de 100.000 euros. Espluga de Francolí (100.000 euros), Castellcir (100.000) o Alforja (85.054) —donde desde este invierno se abastecen con un camión cisterna diario— son las entidades locales que se basan en el umbral de pluviometría que han recibido más ayudas. En Castellcir, desde donde hace dos años se abastecen a diario con tres o cuatro camiones cisterna, también han tenido que buscar nuevas captaciones: “Cruzamos los dedos que este pozo que estamos construyendo funcione. Tener que llevar tantos camiones no es la solución”, expresa una vecina del municipio. Desde Sant Feliu de Codines, donde este viernes han iniciado los trabajos de sondeo de un nuevo pozo, comparten esta opinión: “Depender de camiones cisterna no es sostenible, ni a nivel económico, ni ambiental, ni logístico”, remarca el alcalde.