Un acuerdo que habrá que obligar al PSOE a cumplir

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La portavoz de ERC, Raquel Sans, con Marta Rovira y Pere Aragonès detrás de ella.

Una vez conocida la letra pequeña del preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa se resuelven algunas de las dudas que planteó la comparecencia de la dirección de ERC del lunes. De entrada hay que decir que el acuerdo desborda el perímetro del Estatut del 2006 y devuelve al PSC al consenso de un año antes, cuando se pactó el proyecto en el Parlament en el 2005, y donde ya se afirmaba que se crearía una Agencia Tributaria de Cataluña que gestionaría el 100% de los impuestos, y que después se rebajó a la categoría de consorcio tributario (y que nunca se constituyó). Esto significa que el objetivo final es que los funcionarios de la actual AEAT pasarían a depender de la Generalitat, que es algo a lo que el PSOE siempre se había opuesto. El otro punto interesante del acuerdo es que pone límites a la solidaridad con el resto de territorios, puesto que fija que no puede alterar el principio de ordinalidad. Éste es un criterio que el PSC hace tiempo que defiende pero que el PSOE hace suyo por primera vez de forma explícita.

Podemos afirmar, pues, que más allá de la cuestión terminológica y de si queremos decirla concierto o no, este nuevo sistema supondría un paso adelante importantísimo tanto en términos de suficiencia financiera como de soberanía fiscal. Y que arrastra al PSC a unas posiciones que llevaba tiempo sin defender, y al PSOE a un nuevo paradigma que reconoce la infrafinanciación crónica que ha sufrido Catalunya desde el inicio del estado autonómico. Ahora bien, tampoco puede negarse que el PSOE tiene un grave problema de credibilidad, y que una cosa es lo que acepta poner por escrito y otra la realidad. Este es el principal obstáculo que tendrán que vencer los dirigentes de ERC para convencer a las bases de la bondad del acuerdo, no tanto el contenido en sí como la desconfianza que generan los socialistas por sus reiterados incumplimientos.

Ahora bien, como siempre que ha suscitado el debate sobre la vía negociadora, la pregunta es: ¿cuál es la alternativa después de los aprendizajes de 2017? Lo cierto es que Catalunya sólo ha logrado ganancias en el autogobierno cuando ha aprovechado la aritmética parlamentaria y ha sabido jugar bien sus cartas. Los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez firmados por ERC y Junts, que posibilitaron la amnistía, son un buen ejemplo de cómo la vía negociadora, pese a resultar poco épica, es la única vía efectiva. Por tanto, ya podemos anticipar que el camino hasta alcanzar el nuevo sistema será largo y complicado, pero también es cierto que ERC y Junts tienen buenas cartas para forzar a Sánchez a cumplir y arrastrar al PSOE hacia una nueva visión del Estado que debe incluir la singularidad catalana. Es cierto que el hecho de que sea Salvador Illa quien tenga que conducir una parte de la negociación, en tanto que presidente de la Generalitat, puede generar desconfianzas, pero al mismo tiempo también es la forma de enfrentar al PSC con sus contradicciones.

Y para quienes dicen que este sistema rompe la igualdad de los españoles, habría que responder que esta pretendida igualdad no ha existido nunca. Por un lado, porque vascos y navarros tienen el concierto. Y por otro, porque el actual sistema, además de injusto y arbitrario, se sostiene sobre el drenaje fiscal de Catalunya.

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