Misc 28/04/2021

El análisis de Antoni Bassas: 'Vacunar por orden del juez y negociar en la prisión'

Los jueces pasan por encima del criterio de los sanitarios, mientras el futuro gobierno de Catalunya se tiene que ir a negociar en la prisión. Las consecuencias sociales de la pandemia llevan a la sociedad a un punto de tensión que pide que los poderes públicos hagan políticas y generen confianza. En esto tendríamos que estar

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El estado español no pierde ninguna ocasión para hacer notar quién manda aquí en la Generalitat. El titular de la noticia es duro: “El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fuerza a Salud a vacunar a la Policía Nacional y la Guardia Civil”. En efecto, la justicia ha ordenado al departamento de Salud que “de manera inmediata y sin dilaciones” vacune a los cuerpos de seguridad del Estado que vigilan Catalunya.

Cualquiera que lea este titular sin los antecedentes podría pensar que en Salud han urdido un plan para dejar sin vacuna a las policías españolas y castigarlas así por la violencia con la que reprimieron el referéndum del 1 de octubre del 2017.

En realidad lo que ha pasado es que cuando se empezó a vacunar a los sectores esenciales (policías, maestros, sector sanitario, etc.), Salud estableció una operativa igual para todo el mundo, pero resulta que la Policía Nacional y la Guardia Civil pidieron una vacunación a la carta con puntos móviles y con diferentes horarios, cosa que atrasó el inicio de la inmunización en comparación, por ejemplo, con los Mossos. También hubo problemas para que las policías españolas entregaran a Salud la lista exacta de personas a vacunar. Como resultado de todas estas trabas, cuando el gobierno español suspendió la vacunación con AstraZeneca, que es la que se usaba de forma mayoritaria en estos casos, ya había un 80% de mossos vacunados pero solo un 10% de policías nacionales y un 6% de guardias civiles. En ese momento, Salud decidió parar, de acuerdo con el ministerio, la vacunación en los sectores llamados esenciales y pasar a vacunar solo siguiendo el criterio de la edad. Dos sindicatos policiales presentaron una denuncia, y al gobierno español, que está en campaña en Madrid, le faltó tiempo para salir a defender a los policías españoles destinados en Catalunya y ahora Salud los tendrá que vacunar haciéndolos pasar por delante de gente mayor. Y por eso, ayer, el doctor Josep Maria Argimon se subía por las paredes:

Total, que como de mossos se han vacunado el 80% y de policías nacionales el 10%, la justicia ve discriminación. Y eso sí que no: la sanidad no discrimina. Los médicos han jurado no discriminar, fuera de que no tendría sentido hacerlo pensando que no pasará nada. Por eso el doctor Argimon ironizó con que ya le preguntará al juez qué vacuna se tiene que administrar a los policías. Todo esto en un momento en el que, encima, España da la espalda a Europa y no sigue la estrategia de retrasar la segunda dosis y poner muchas primeras dosis, cosa que sirve para retardar el ritmo de transmisión de la enfermedad, como hemos visto en el Reino Unido, por ejemplo.

Por lo tanto, es posible que alguien, en Salud, pongamos el propio doctor Argimon, no hubiera calculado bien la explotación política que el gobierno español y los sindicatos policiales harían de la situación, que se presentarían como víctimas y que la justicia correría a darles la razón. Pero este es el pan que se da desde siempre, especialmente después de octubre del 17. 

La noticia contrasta con esta otra: la negociación del próximo gobierno de Catalunya se hizo ayer en la prisión de Lledoners, porque desde hace unos tres años medio el presidente de Esquerra y el secretario general de Junts viven encarcelados . La reunión duró más de tres horas e incluso los dos partidos negociadores firmaron un comunicado conjunto en el que valoraban positivamente el encuentro, y que la reunión de ayer les sirvió para seguir avanzando. Tal como les avanzamos ayer, la reunión fue significativa pero no definitiva.

Que el contraste de estas dos noticias sirva para reordenar prioridades. Los jueces pasan por encima del criterio de los sanitarios, mientras el futuro gobierno de Catalunya se tiene que ir a negociar en la prisión, ahí donde la justicia mantiene sin tercer grado a unos políticos demócratas encarcelados por un delito, el de sedición, que no han cometido. Por si todo esto no fuera suficientemente grave, alrededor del gobierno catalán las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, la digitalización, llevan a la sociedad a un punto de tensión y de incertidumbre que pide que los poderes públicos hagan políticas y generen confianza. En esto tendríamos que estar.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea del covid-19, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.

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