Campaña para poner freno a las mentiras policiales

BarcelonaEl principio de autoridad es un privilegio de los agentes policiales según el cual su relato se considera veraz por defecto. Sin embargo, en la práctica se acumulan suficientes casos en los que esta honestidad se ha puesto en duda, por lo que el Grupo de Periodistas Barnils y el despacho de abogados Irídia han presentado una demanda estratégica que busca ser punta de lanza para frenar la impunidad ante relatos que los hechos (o las imágenes en vídeo) desmienten. En concreto, se señala a dos efectivos de los Mossos d'Esquadra, a los que se acusa de denuncia falsa y falsos testigos.

La querella asegura que uno de los agentes mintió en los juicios del fotoperiodista Isidre Garcia Puntí y del periodista Jesús Rodríguez. Y que en este último procedimiento, además, el otro denunciado, que es sargento del cuerpo, corroboró esa versión de los hechos sabiendo que era falsa. Más allá de la acción judicial, Barnils e Irídia utilizan este ejemplo como palanca para impulsar la campaña #StopMentidesPolicials. “Estos dos casos no son únicos, sino que ejemplifican algunos de los obstáculos con los que chocan los profesionales de la información en el ejercicio de su trabajo”, explican en un comunicado.

Durante los últimos cinco años, el Mapa de la Censura del Observatorio Mèdia.cat –un proyecto del Grupo Barnils– ha detectado y contrastado 172 incidentes contra periodistas causados por cuerpos policiales en los Países Catalanes: 74 agresiones físicas, 47 identificaciones, retenciones y detenciones, 36 amenazas, intimidaciones y obstaculizaciones, 15 denuncias y 12 sanciones por la llamada ley mordaza. Según este informe, el 30% de los incidentes contra periodistas registrados les han causado cuerpos policiales y la mayoría han pasado en el marco de la cobertura informativa de manifestaciones y protestas. “Nuestro trabajo cuando cubrimos una protesta es explicar qué pasa, también si hay violencia o no y, evidentemente, si hay excesos policiales, tal y como ocurrió durante el 1 de octubre de este domingo hará seis años” ha explicado Enric Borràs, presidente del Grupo Barnils y subdirector del ARA . “Todos los que estamos hoy aquí lo recordamos. Por mucho que esto a veces pueda molestar, en un sistema democrático debemos poder hacerlo con libertad y seguridad”. El periodista ha explicado que, sin embargo, las cifras han descendido en los últimos años. “El Gobierno de Cataluña se ha comprometido a no aplicar la ley mordaza contra periodistas y este año no hemos registrado ningún caso. Pero la situación no está resuelta, y el último ejemplo lo tenemos en los incidentes por las protestas contra el congreso The District de la semana pasada”.

La mentira policial supone una perversión grave del rol de los policías, que debería ser proteger al derecho a la información. "Que un policía, que debería proteger el derecho a la información, mienta por obstaculizar el periodismo en lugar de defenderlo es un ataque grave a la democracia", ha concluido Borràs.

Uno de los casos que figuran en la querella es protagonizado por el periodista freelance Isidre Garcia Puntí, que cubría la manifestación y los disturbios que siguieron al desalojo del Banc Expropiat, un centro social ocupado en Gràcia, en mayo del 2016. Una valla cayó al suelo y, año y medio más tarde, los Mossos l acusaban de haberla lanzado contra un agente de Brimo y haberle roto el tendón de Aquiles. Le pedían cuatro años de cárcel y 69.000 euros de indemnización. El juzgado de lo penal número 5 de Barcelona acabó considerando que este presunto lanzamiento de valla narrado por el agente no había existido. Quedó absuelto, tres años después.

El otro agravado es Jesús Rodríguez, de La Directa, que también estaba en aquella manifestación, trabajando de fotoperiodista. Un policía se acercó a donde estaba, junto a otros reporteros, le lesionó la pierna con la porra y le rompió un dedo de la mano. La Audiencia de Barcelona dictaminó que la agresión había sido gratuita, sin provocación previa, y que el uso de la fuerza había resultado excesivo. El testimonio de siete compañeros de profesión contradecía el relato del agente antidisturbio, que recibió sentencia de dos años de prisión y dos años de inhabilitación.

“Qué problema tenemos, dentro de los cuerpos policiales, para que alguien se plantee, declarando bajo juramento de decir la verdad, ¿hacer una declaración de estas características?”, lamentaba Sònia Olivella, abogada de Irídia, con relación al testigo policial del segundo juicio, cuando ya se había sentenciado el primer caso, relativo al lanzamiento desmentido de la cierra. “¿Qué sensación de impunidad debe sentirse para hacerlo, además, cuando ya existe una sentencia firme que lo desmiente? Una conducta como ésta no puede quedar impune”. La letrada ha subrayado la gravedad de que el sargento de Mossos no fiscalizara a su subordinado sino que, por el contrario, le apoyara con un testigo sobre unos hechos “que no eran ajustados a la realidad”.