Del consenso político y social a la trifulca

BarcelonaLa posición de partida de CiU y ERC era la convivencia entre dos escuelas, una en catalán y la otra en castellano, emulando el modelo vasco. Pronto, sin embargo, se acabaron sumando a las tesis de la socialista Marta Mata: una única escuela que no separara a los niños por la lengua. Y eso que ella misma había defendido antes la doble línea. Todos los partidos asumieron el modelo de conjunción y la inmersión lingüística en catalán se erigió como la solución de consenso en Catalunya.

Buena parte del mérito (o de la culpa, depende de quien opine) lo tiene Joaquim Arenas, el encargado de adaptar en la escuela la ley de normalización lingüística, aprobada en el Parlament el 6 de abril del 1983 con 105 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. “Los datos demostraban que los castellanohablantes nunca llegaban a dominar el catalán en aquellos centros en los que los niños hacían la enseñanza en castellano”, recuerda en conversación con el ARA el que fue jefe del Servei d'Ensenyament del Català, entre 1983 y 2003.

La ley fijaba que los alumnos no se separarían en centros diferentes por razón de lengua, que el catalán era la “lengua propia” de todos los niveles educativos y que se iría empleando “progresivamente” a medida que los alumnos lo fueran dominando. Todo ello con la exigencia de acabar dominando también el castellano.

Al cabo de unos años el catalán se convirtió en la única lengua vehicular. Y en 1994 la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) parecía validarlo: subrayó que era “necesario para evitar la progresiva desaparición” de la lengua catalana. Además, aquella sentencia asumía que se dotaba a los alumnos “de un vehículo de relación con los poderes públicos y con el resto de ciudadanos y les posibilitaba su integración social”.

“La ley de 1983 no decía que el catalán tenía que ser la única lengua, y con la sentencia del 94 se tiene que entender que el castellano también puede ser vehicular”, reflexiona José Domingo, impulsor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Catalunya, que ha protagonizado numerosos recursos contra la inmersión. La sentencia del 94 llegó, de hecho, motivada por el de un ciudadano que se oponía a la ley, en una época en la que Domingo reconoce que había poca oposición.

El catalán después del franquismo

En 1983 el Parlament había dotado de cobertura legal la inmersión lingüística, a pesar de que el concepto no quedaba recogido ni en esta ley ni tampoco en la de política lingüística de 1998 -ninguna de las dos fue impugnada por los gobiernos de UCD y el PP- y no fue hasta la ley de educación (2009) que se puso por escrito. “La inmersión no es un concepto jurídico”, explica Pepe González, poniente socialista de la ley del 83 junto a Marta Mata. Antes ya se había empezado a aplicar de manera experimental en algunas escuelas, la mayoría privadas, y a partir de 1982 también llegó a la escuela pública: la primera, la Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, localidad eminentemente castellanohablante.

“La situación no tenía nada que ver con la de ahora”, describe González. Entonces había un consenso importante respecto a la necesidad de salvar el catalán después de cuarenta años de una dictadura catalanófoba. “Teníamos un mercado para ganar. Había interés y voluntad también de la ciudadanía”, destaca. Y esto que la enseñanza fue el ámbito con más disputas. 26 meses de trabajo casi semanal duró aquella ponencia. “En aquel momento lo importante era la lengua. Hoy lo es la confrontación”, lamenta el exdiputado del PSC. “Lo más importante era llegar al consenso. Interesaba que no se descolgara nadie”, recuerda. Todos los grupos votaron a favor -solo se abstuvo Joan Besa de la UCD-, incluso el Partido Socialista de Andalucía, que se había mostrado reticente. Con el tiempo, sin embargo, Francisco Hidalgo acabó renegando, quejándose de la “imposición” del aprendizaje del catalán.

El Manifiesto de los 2.300, encabezado por el hoy referente de la derecha mediática española y entonces profesor en Santa Coloma, Federico Jiménez Losantos, se convirtió en la principal, a pesar de que reducida, oposición intelectual a la inmersión. Le siguieron otras asociaciones especialmente a partir de 1998.

“Recuerdo que en el 83 o 84 fuimos a explicar el modelo de inmersión con Joaquim Arenas a un encuentro de intelectuales que montaba una fundación en El Escorial. Allí se me quedó grabada la cara desencajada de Gregorio Salvador, miembro de Real Academia Española, como si aquello fuera una traición a la nación española, en esta confusión entre estado español y nación castellana”, rememora Miquel Strubell, que fue jefe del Servicio de Normalización Lingüística de la Generalitat.

La aparición de Ciutadans

No fue, sin embargo, hasta la eclosión de Ciutadans que se empezó a coordinar una verdadera estrategia contra la inmersión. De hecho, esta fue una de sus cartas de presentación cuando en 2006 el partido naranja llegó al Parlament. Domingo era uno de los primeros tres diputados de aquel grupo que encabezaba Albert Rivera. Y, entre otros, hicieron que el castellano, hasta entonces una lengua anecdótica en la cámara, fuera de uso habitual. “Era un compromiso con nuestros electores”, subraya Domingo, que no tuvo ningún problema con nadie para expresarse en castellano “a pesar de que era evidente que a algunos no les gustaba”.

Con el tiempo, buena parte de los diputados del PP se sumaron al bilingüismo a la cámara y ahora también lo hacen los de Vox e incluso alguno del PSC: el mismo Salvador Illa introduce el castellano en algunos discursos. “A José Montilla no le recuerdo ningún discurso en castellano en el hemiciclo”, apunta la filóloga y exdiputada de ERC, hoy en el Consorcio de Normalización Lingüística, Anna Simó. Anécdotas a parte, opina que son los socialistas los que se han alejado del consenso lingüístico. “El PSC se apuntó de todas todas. Con los años han visto que esto les ha restado votos y ahora no quieren la foto junto a los herederos de la inmersión”.

El punto de inflexión judicial llegó en 2010 con la sentencia del Estatuto. “El catalán tiene que ser lengua vehicular, pero no la única que disfrute de esta condición, predicable también para el castellano como lengua igualmente oficial en Catalunya”, concluyó el TC. De aquí a la ley Wert y a la proliferación de sentencias que daban la razón a los padres que reclamaban más castellano para sus hijos hasta llegar a 2014. Entonces el TSJC recurrió a un porcentaje concreto, el del 25%, inspirándose en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1968 referida al sistema escolar belga. Cinco escuelas fueron las primeras en aplicarlo (a las clases afectadas) y ahora ya son una cuarentena. La sentencia del Tribunal Supremo del noviembre pasado va más allá y establece el 25% de manera generalizada para todo el mundo.

“Si pone un tiburón y una sardina juntos en una piscina, quien cree que se comerá al otro?”, se pregunta ahora Arenas mientras observa cómo los altavoces políticos y mediáticos contra la inmersión han crecido. Y en plena guerra de trincheras es difícil plantear cualquier tipo de revisión del modelo, especialmente cuando no se cuestiona el dominio de las dos lenguas sino la “libertad” de elección. Lo sabe bastante bien el ex conseller de Educación Josep Bargalló, a quien se le echaron encima cuando planteó flexibilizar la inmersión abriendo la puerta a más clases en castellano y en inglés. Del consenso político y social se ha pasado a la trifulca.