Los encausados que no quieren ser amnistiados

BarcelonaDesde su publicación en el BOE, cientos de encausados ​​han pedido poder acogerse a la ley de amnistía, y algunos ya han sido los primeros al beneficiarse de su aplicación esta misma semana. Es el caso del exconseller de Interior Miquel Buch, el de Lluís Escolà, el sargento de los Mossos que hizo de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y el de una decena de manifestantes. Pero entre los cientos de represaliados, algunos no han solicitado que se les aplique esta medida de gracia.

Uno de ellos es el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que anunció la semana pasada que no pedirá acogerse a la ley de amnistía en respuesta a la providencia que el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, le envió para que manifestara si considera que su caso es compatible. Costa decidió recurrir la sentencia que le absolvió –junto al resto de miembros de la mesa– con la voluntad de seguir luchando hasta que se reconozca la inviolabilidad del Parlament. El ex secretario primero de la mesa Eusebi Campdepadrós ha seguido los pasos de Costa con el mismo argumento.

Aprovechando el recurso que presentó al entender que se violaron sus derechos políticos como parlamentario al ser acusado y juzgado, Costa ha presentado un escrito al Supremo porque no quiere que la amnistía sirva para exonerar a los jueces que le encausaron.

Los expresidentes del ANC Jordi Sànchez y de Òmnium Jordi Cuixart también han declinado acogerse a la ley de amnistía y apuestan por acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca de reparación a su encarcelamiento. "Indulto y amnistía son lo mismo, parches del gobierno español", dijo recientemente en una entrevista el ex secretario general de Junts.

También hay activistas que han dado la espalda a la amnistía. Uno de los más conocidos es Roger Español, al que un policía nacional despejó un ojo el 1-O y que está acusado de atentado contra la autoridad. Al día siguiente de que la Fiscalía pidiera el archivo de la causa abierta contra los policías por su actuación el 1-O, la defensa, representada por Irídia, pidió la apertura de juicio contra los cuatro agentes que le hicieron perder el ojo con una bala de goma por un delito de lesiones con pérdida de órgano principal y un delito de tortura.

Otro caso es el de Carles Ruiz, conocido como Xarly, encausado por elscrache que sufrió el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en julio del 2018 cuando salía de cenar de un restaurante de Mont-ras (Baix Empordà) en una protesta organizada por los CDR. "No quiero ningún indulto ni amnistía", escribía hace apenas unos días en X ante la providencia que recibió del juzgado de Girona.

En conversación con el ARA, este ampurdanés de 39 años dice que el hecho de que la pena que le reclaman (18 meses) no comporte prisión no es el motivo que le lleva a rechazar la amnistía: "Con una infracción de tráfico podría entrar en prisión porque las penas se acumulan; lo hago por convicción porque soy inocente". Admite que es de los "pocos" que han optado por esta vía, pero deja claro que otros encausados ​​le han dicho que también lo harían. "Le aceptan obligados por su entorno", dice en referencia a las familias.

Sea como fuere, la pelota está ahora en el tejado de la Fiscalía. "Si retira la acusación ya no hay caso, no se puede defender a alguien de lo que no se le acusa; por tanto, aquí no hay ningún pacto", expone Josep Rossell, su abogado. El año pasado ya estaba prevista la celebración de una vista de conformidad para llegar a un acuerdo con la Fiscalía que la defensa rechazó. "Queremos llegar hasta el final para demostrar mi inocencia", dice Charly.

Alerta Solidaria revela que de las 419 personas susceptibles de ser amnistiadas, hay una docena que han reclamado no mover ficha para poder beneficiarse de esta ley. "Nos han dicho expresamente de no hacer nada por acogerse a la amnistía o incluso oponerse", dicen fuentes de la entidad antirrepresiva.