Parece una broma, pero no lo es. Tras cinco años con el mandato caducado por la negativa del PP a pactar la renovación con el PSOE, el pasado 25 de junio ambas formaciones llegaron a un acuerdo, bajo el paraguas de la Comisión Europea. El pacto daba luz verde al nombramiento de veinte vocales (diez de progresistas y diez de conservadores), pero sin entrar en quien debía ser el nuevo presidente del órgano. La idea era que estos vocales serían suficientemente maduros y flexibles para llegar a un acuerdo, ya que se necesita una mayoría calificada para nombrar al presidente. Pero después de tres reuniones se constata que el bloqueo continúa y no existe ninguna perspectiva de que pueda haber un acuerdo entre ambos bandos. En la reunión de este lunes incluso se ha renunciado a poner fecha a una nueva reunión.
¿Qué nos dice esto? Pues que el problema no es de personas, sino del alineamiento político de progresistas y conservadores. Si ninguno de los dos partidos, PP o PSOE, da la orden a los suyos para que cedan, hay acuerdo posible. Los progresistas consideran, y no les falta razón, que después de una década con el CGPJ controlado por los conservadores ahora les toca a ellos ostentar la presidencia y, además, creen que ya es hora de que ese cargo le ocupe una mujer. Pero los conservadores están bloqueando esa posibilidad a cada votación, e intentan nombrar a uno de los suyos, incluso proponiendo perfiles tan políticamente marcados como el de Carmen Lamela, la magistrada que primero ordenó prisión para los líderes del Proceso.
El bloqueo, pues, sigue, y la renovación del CGPJ no ha solucionado nada. En este caso es especialmente criticable la actitud de los vocales nombrados a propuesta del PP, ya que deberían ser conscientes de que el Consejo debe respetar a las mayorías del Congreso, que ahora apoyan a un gobierno progresista. Pero el fracaso también señala al PSOE, que pensaba que con este acuerdo se podría recuperar cierta normalidad institucional y que, por tanto, no debería afrontar una reforma a fondo del estamento judicial, como le reclaman sus socios. Si el bloqueo se enquista, la presión para que Pedro Sánchez mueva ficha irá in crescendo, ya que se demostrará que el PP mantiene secuestrado al CGPJ, aunque sea con caras nuevas.
La politización de la justicia es algo incuestionable, tal y como se ha visto con el Proceso y en la negativa a aplicar la ley de amnistía, pero también con otras causas, como la que ahora instruye el juez Peinado contra la mujer del presidente español, y esto no se ha resuelto con el pacto PP-PSOE. Tarde o temprano los socialistas tendrán que afrontar esta cuestión, que es la que ahora mismo frena la voluntad popular de avanzar hacia un estado más descentralizado y con más cultura federal y, como consecuencia, con menos peso de lo que significa el Madrid político. Porque lo que se esconde tras un aparente conflicto ideológico de izquierda contra derecha es, en realidad, una lucha por el poder. Y más exactamente: una lucha por conservar el poder en Madrid.
