Espionaje, móviles pinchados y recursos en los tribunales: ¿qué pasa en Tarragona con el contrato de la basura?

TarragonaHace más de un año que el contrato de recogida de la basura en Tarragona caducó y, desde entonces, el Ayuntamiento todavía no ha podido renovarlo porque el concurso de adjudicación no deja de complicarse. La selección de la empresa por explotar el nuevo servicio (que es el más caro que adjudica el Ayuntamiento) acumula recursos entre las mismas empresas y, desde esta semana, también denuncias por espionaje. Según avanzó el diario tarraconense Puerta Atrás, la jefa del área de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Tarragona ha denunciado a la Guardia Civil que le están espiando y que, incluso, tiene el móvil pinchado. También existen indicios de que el alcalde, Rubén Viñuales (PSC), tenga el teléfono intervenido. El Ayuntamiento hizo un primer análisis en el teléfono del alcalde y comprobó que podría estar infectado por algún programa. Ahora está haciendo un nuevo peritaje para confirmarlo.

"El Ayuntamiento ha sido víctima de un espionaje, pero no sabemos de quién", denunció públicamente la portavoz del gobierno municipal, Sandra Ramos, quien consideró los hechos como "muy graves". La adjudicación del nuevo contrato de recogida de basura, que tiene un presupuesto de 232 millones de euros, debe aprobarse este viernes en el pleno. Según las previsiones, votarán a favor los concejales del PSC, los de Junts y los dos que han abandonado Vox.

El actual contrato se firmó en 2002 con Fomento de Contratas y Construcciones (FCC) y tenía una duración de diez años, como es habitual. Pasado este tiempo, el alcalde Joan Miquel Nadal (CiU) decidió renovarlo otros diez años. Fue el anterior alcalde, el republicano Pau Ricomà, quien anunció un nuevo concurso público, provocando la ira del presidente del comité de empresa de FCC, Ángel Martín Sande, quien llegó a interrumpir un pleno y amenazar al alcalde. "Eso no acabará así. Tranquilo, que ya nos veremos", dijo, tal y como recuerda Puerta Atrás. Aquel concurso convocado por Ricomà se resolvió el pasado mes de enero, ya bajo la alcaldía de Viñuales. Según informó el Ayuntamiento de Tarragona, la empresa francesa GBI Paprec SA era la que había logrado la mayor puntuación en el pliego de cláusulas y que sería la que gestionaría el servicio durante los próximos diez años. Todo parecía listo, pero ahí comienza la segunda parte de la historia. Las empresas que también optaban a este servicio, Urbaser y FCC, recurrieron el concurso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y este órgano les dio la razón: la francesa GBI Paprec SA quedó fuera y el servicio se adjudicó al segundo clasificado en ese concurso, Urbaser.

El Ayuntamiento de Tarragona presentó un recurso contra la decisión, que implica un error importante en el proceso de adjudicación, pero no esperará a que se resuelva y el viernes aprobará que el nuevo contrato lo explote Urbaser. El resto de partidos piden algo más de tiempo antes de adjudicar el contrato. Según fuentes de la Guardia Civil, la denuncia de espionaje en la técnica municipal aún no se está investigando. El caso se derivó en los juzgados de Tarragona, que decidirán si se investiga o no.