Europa se fortifica
Lo hemos ido viendo en países gobernados por la ultraderecha, como la Italia de Salvini o la Hungría de Orbán, pero también en estados con una histórica tradición de acogida, como Suecia, o en las potencias europeas: la Francia de Macron y la Alemania de Schultz (además de la Inglaterra de Sunak desde fuera de la UE). En los últimos meses, en todas partes se ha ido produciendo un cierre en las políticas migratorias. La generosidad de la cancillera Merkel durante la crisis del 2015 por la guerra de Siria, con la llegada a Alemania de un millón de personas –en Catalunya dio pie al movimiento Nuestra casa, su casa–, acabó generando un reflujo reaccionario que sólo ha tenido un paréntesis con la apertura de fronteras a los refugiados ucranianos. Ahora, sean del color político que sean, los gobiernos están dando un giro a remolque del discurso y el marco ideológico de la ultraderecha, giro que este martes ha cuajado tanto en Bruselas como en París. Tras muchas negociaciones, la UE ha priorizado el consenso para un amplio acuerdo que supone un endurecimiento de su política migratoria, mientras que el presidente francés ha hecho lo propio con una nueva ley aprobada con el apoyo no querido de Marine Le Pen, cosa que ha provocado una crisis en su gobierno.
Los discursos identitarios –y en algunos casos directamente xenófobos y racistas– y las crisis económicas encadenadas –financiera, pandemia y por la guerra– han encontrado en la inmigración un enemigo fácil de identificar . El factor humanitario, pese a las recurrentes y trágicas muertes en el Mediterráneo, ha pesado mucho menos en la balanza. Sin negar la necesidad de regular los flujos de llegada, lo cierto es que Europa ha echado por el derecho: condicionada por las próximas elecciones, ha elegido el camino del miedo. El miedo a atizar el discurso del rechazo a los recién llegados. Habrá que ver, sin embargo, si así se modera el debate. Hay que tener en cuenta, además, que el retorno a las políticas de austeridad no va a ayudar.
El acuerdo de Bruselas lleva un nuevo registro y control de los inmigrantes que llegan a las fronteras de la UE para devolver de forma más "eficiente" y "prisa" a todos aquellos que se prevé desde el principio que no podrán alegar protección de asilo. Se pretende así "acelerar" los trámites de solicitud de asilo y "tener bien controlados a los inmigrantes desde que llegan hasta que se soluciona el expediente". El Parlamento Europeo ha evitado que haya discriminación racial, ha logrado dejar a los menores fuera de los procedimientos expreso y ha protegido a las ONG que actúan en el Mediterráneo. También se abre la puerta a realizar excepciones en situaciones de crisis como las de Siria o Ucrania.
El acuerdo incluye el intercambio de inmigrantes entre estados con el objetivo es distribuir al menos 30.000 personas al año entre los Veintisiete de forma proporcional. Los países que no quieran contribuir podrán elegir si pagar unos 20.000 euros por persona rechazada o aportar ayuda a los países que reciben mayor presión migratoria. Y para frenar las llegadas, se mantiene la hasta ahora poco exitosa política de acuerdos con terceros países poco o nada ejemplares, como Libia, Túnez y Turquía. Europa, por tanto, se fortifica. Pero no está nada claro que se ahuyente el fantasma de la extrema derecha.
