Una exclusiva que no debería serlo
La noticia que publicamos hoy sobre la inversión estatal ejecutada en Cataluña durante el primer semestre del pasado año no debería ser una exclusiva. Aunque decir esto sea echarnos piedras en nuestro propio tejado, la administración estatal debería difundir esta información de manera periódica y puntual. Por transparencia, porque es necesaria para que los políticos rindan cuentas a la ciudadanía, que necesita información veraz y transparente para tomar decisiones.
Hemos podido acceder al informe de la Intervención General de la Administración del Estado correspondiente al primer medio año de 2023, que debía publicarse el 29 de septiembre del año pasado. El anterior informe tampoco se publicó. El gobierno español ha decidido dejar de hacerlo, aunque el ministerio de Hacienda mantiene que los datos continuarán accesibles y se harán llegar al Congreso. Ahora, es evidente que si esto se hiciera de forma clara y transparente para la ciudadanía este informe no sería noticia.
El documento que ha conseguido el ARA indica que el Estado ejecutó un 16,3% de la inversión que se había previsto de enero a junio del pasado año. 370 millones de euros de 2.276. Aunque el porcentaje es bajo –no llega ni a una sexta parte de la inversión comprometida–, es ligeramente más alto que el que corresponde al mismo período del 2022, que tan sólo alcanzó el 15,7%. Y hace tres años fue aún sensiblemente más bajo: se quedó en el 13%.
Estas cifras indican un problema crónico que afecta especialmente a Cataluña. Durante el primer semestre del pasado año se ejecutó el 52,7% de la inversión prevista en la Comunidad de Madrid: 636 millones de euros de 1.207. La inversión prevista era casi la mitad que la que debía realizarse en Catalunya, pero, paradójicamente, la que se ejecutó fue mucho más alta. En la mayoría de otras comunidades la ejecución de la inversión osciló entre el 20% y el 40%.
El porcentaje de inversión ejecutada en Cataluña es especialmente bajo en el caso de Adif (sin tener en cuenta la alta velocidad): tan sólo se gastaron 94 de los 1.080 millones de euros previstos durante el primer semestre del año pasado. Adif es la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, que arrastran un déficit crónico de inversión que se traduce en averías y retrasos que llevan años exasperando a los catalanes. Y estas cifras indican que la solución de los problemas aún tardará en llegar.
El gobierno español ha asegurado en otras ocasiones que el porcentaje de ejecución de la inversión crece en la segunda mitad del año, pero la falta de transparencia impide contrastarlo con el 2022, porque, como hemos dicho, el informe correspondiente al segundo semestre ya no se publicó. Y en 2021 el porcentaje global de inversión ejecutada tan sólo alcanzó el 35%.
Catalunya sufre un déficit crónico de inversiones en infraestructuras tan grave que en algunos casos, como el de la red ferroviaria, es evidente para cualquiera que lo haga. Este déficit requiere una solución que debe empezar por el cumplimiento de la mayoría de las inversiones previstas y un compromiso de transparencia.