El frente judicial pone en peligro el futuro del Gobierno valenciano

ValenciaEl frente judicial, protagonizado estos días por la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, pero también el desgaste de siete años de gestión, la posible recuperación del PP y el ascenso de Vox podrían hacer peligrar la continuidad del ciclo progresista iniciado en el País Valenciano en 2015.

Uno de los elementos que más amenazan el proyecto de PSPV, Compromís y Unidas Podemos es el debilitamiento de sus líderes. La más desgastada es Oltra, investigada en el caso que tiene que determinar si la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dificultó la aclaración del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido Luis Eduardo Ramírez. Según la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que no hay "pruebas directas" que vinculen a la dirigente de Compromís, sí que hay "una serie de indicios" que hacen sospechar la posible "existencia de un concierto entre la señora Oltra y varios funcionarios a su cargo con la finalidad o bien de proteger a su entonces pareja […] o bien de proteger la carrera política de la aforada".

Para la vicepresidenta todo ello es una "cacería política de la extrema derecha", una afirmación que justifica porque la causa se inició cuando la asociación Gobierna-te, de la periodista y exdirigente de Vox Cristina Seguí, se querelló contra Oltra. A pesar de que, en un primer momento la querella fue desestimada, finalmente la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia –a instancia de la defensa de la menor, ejercida por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000– ordenó la reapertura.

El foco judicial también salpica al jefe del Consejo, Ximo Puig, después de que su hermano Francis haya sido imputado por un presunto fraude en la concesión de ayudas de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés. La causa tiene que aclarar si las empresas Comunicació dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat y Kirol Produccions, compañías en las que Francis Puig tiene una participación, duplicaron e hincharon facturas para justificar el cobro de subvenciones entre los años 2015 y 2018. 

A la carpeta de los reveses en los tribunales en el Gobierno valenciano hay que sumar también la anulación completa o parcial de numerosas normas como los decretos de usos lingüísticos, el de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos o el de plurilingüismo. Resoluciones que han provocado el malestar en el ejecutivo, pero también el chasco de algunos votantes progresistas, decepcionados por la impotencia del Consejo y también por su prudencia, ejemplificada con la no aprobación del requisito lingüístico.

Tampoco ha ayudado la a menudo tensa relación entre PSPV y Compromís, reafirmada ayer por la coportavoz de la coalición valencianista, Àgueda Micó, que afirmó que una hipotética destitución de Oltra, que este viernes ha vuelto a descartar dimitir, "supondría una ruptura" del ejecutivo porque en un gobierno plural "las decisiones se adoptan de manera colectiva".

Seguro que tampoco favorece el entendimiento la tensión que generan unos pronósticos electorales que dibujan un escenario muy ajustado. Lo confirmaba el 23 de mayo una encuesta del diario Las Provincias, según la cual el bloque progresista sumaría entre 49 y 52 escaños, y el conservador, entre 47 y 51. Igualdad máxima a menos de un año de las elecciones.