Funcionarios, el desconocido problema que viene

BarcelonaEn los próximos 10 años, más del 50% de los empleados públicos se jubilarán. Son datos referentes a la administración general del Estado, pero que un informe del FERA –el Foro de Entidades para la Reforma de la Administración– también lo extrapola al resto de niveles donde encontramos funcionarios trabajando. En un documento de propuestas para la reforma de la administración, este espacio de encuentro de organizaciones de distintos ámbitos plantea la necesidad de relieve en las plantillas públicas como "una gran oportunidad de renovar los perfiles con una visión del siglo XXI". "Es una pérdida muy importante de conocimiento y experiencia de gestión pública, no es fácil de sustituir", apunta este estudio. Según datos publicados por la OCDE, el 46% de los funcionarios estatales españoles tenían más de 55 años en 2021, un nivel de envejecimiento que entonces sólo superaba Italia de entre las economías más desarrolladas del mundo.

Qué pasará, pues cuando todos estos empleados dejen a las administraciones públicas para jubilarse? ¿Llega a tiempo el relevo de nuevos trabajadores? "Los perfiles tendrán que cambiar y eso debería reflejarse ya en las convocatorias de empleo público actuales. Veo pocos analistas de datos o evaluadores de políticas públicas, técnicos más especializados que nos harán falta en el futuro, y los empleos poco cualificados irán desapareciendo", razona Antoni Biarnés, coordinador del FERA y director del Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología de Catalunya. En opinión de este experto, no existe una planificación a medio plazo de estas plantillas y en los últimos tiempos la gestión se ha hecho desde la urgencia, como ha ocurrido en el caso de los procesos de estabilización para reducir la temporalidad en el cuerpo de funcionarios y cumplir frente a Europa. "Era necesario poner fin a la anomalía de la temporalidad, pero podía aprovecharse para hacerlo mejor", remarca Biarnés.

Desde el FERA consideran clave la figura del directivo público –"con la formación y las capacidades adecuadas"–, como un tipo de liderazgo técnico que permita llevar adelante iniciativas con cierta neutralidad política, sorteando los cambios de gobierno. Por eso desde este foro de debate proponen establecer una separación más clara y definida entre las funciones de los responsables políticos y las de los directivos profesionales. Esto pasa, sobre todo, por redefinir los cargos de confianza de los partidos políticos, que, según los autores de estas propuestas, ocupan estos puestos de trabajo "demasiadas veces sin la formación, las competencias y la experiencia necesarias". "Hay que separar claramente el nivel de la política y el de la gestión, y deben respetarse mutuamente. El primero fija los objetivos y la gestión los convierte en hechos", apunta Biarnés.

Esta reformulación de las lógicas de la administración, sin embargo, también implica cambiar el mismo sistema de acceso al cuerpo de funcionarios. Así pues, el coordinador del FERA plantea que las oposiciones basadas en la memorística "ya no tienen sentido" y plantea seleccionar a los candidatos "por competencias". Además, las propuestas del grupo pasan por la evaluación periódica del rendimiento de los trabajadores públicos una vez que han conseguido su plaza. "En general, cuando la gente llega a la función pública tiene motivación y ganas de hacerlo bien, pero si estas mismas personas al cabo de unos años están apagadas y han tirado la toalla, lo que ha pasado en medio lo ha provocado administración", defiende Biarnés. En este sentido, sugiere un modelo basado en objetivos en el que los trabajadores reciban compensaciones extras si los alcanzan. "Quien lo hace bien debe tener premio, si no el rendimiento se iguala por abajo", añade.

Preocupación para empresarios y sindicatos

El envejecimiento de la plantilla de funcionarios es también una cuestión que observan las patronales y los sindicatos de trabajadores públicos. La catalana Cecot es una de las integrantes del FERA y su secretario general, Oriol Alba, insiste en que la reforma de la administración es una cuestión "imperiosa": "No podemos esperar: estos retos de enorme envergadura requieren un esfuerzo a largo plazo para obtener resultados. No podemos despistarnos porque el mundo va muy deprisa y si a las empresas se nos exige adaptarnos y enfrentarnos a estas grandes transformaciones, no podemos pedir menos a la administración". De esta manera, Alba hace hincapié en que las ineficiencias del sistema actual perjudican al conjunto de la sociedad y el tejido empresarial, especialmente en lo que se refiere a los cuellos de botella en los trámites burocráticos.

Por su parte , los sindicatos aseguran que llevan años advirtiendo del problema que se avecina con la jubilación de buena parte de los funcionarios actuales en la próxima década. "Lo que se está haciendo ahora es insuficiente, porque se estabilizan plazas ya existentes pero no se crean nuevas", indica Manuel Fages, secretario de políticas públicas de CCOO en Catalunya. El sindicalista reivindica que no sobran trabajadores públicos sino que faltan y señala el déficit de personal en ámbitos concretos como la salud.