Lamela 'solicita' informe al fiscal sobre la suspensión de las declaraciones un día después de dictar prisión

MadridEl juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional comunicó ayer a través del sistema informático Lexnet, con fecha 3 de noviembre, 14:30 horas, dos solicitudes presentadas por los letrados de los ex consejeros de la Generalitat en las que pedían, el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, suspender las declaraciones previstas para las 9.00 horas del jueves 2 de noviembre por falta de tiempo para prepararlas a raíz de la premura de la citación.

Esta comunicación de ayer da cuenta de una providencia, de fecha 2 de noviembre, el mismo día de la declaración, de la magistrada Carmen Lamela, titular del citado juzgado, en la cual daba “traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe”.

Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira no informaron la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre esa solicitud de suspensión.

Sin embargo, en una reunión previa entre Carballo y Rubira, por la Audiencia Nacional, y los fiscales de sala del Supremo, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que acudirían el jueves día 2 a la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament ante el Tribunal Supremo, según ha informado ARA, se acordó aceptar, caso de plantearse, la solicitud de aplazamiento.

En el Tribunal Supremo, el magistrado instructor, Pablo Llarena, empezó la sesión de declaraciones de los seis aforados, con la solicitud, recibida por vía telemática, de suspensión.

Hay algo que apuntó Llanera al explicar la citación, llevada a cabo por un Mosso d'Esquadra a los 6 miembros de la Mesa el miércoles a las 10:15 horas.

-Ha sido por la especial situación de otras personas.

Los letrados presentes en la sala interpretaron que Llarena se refería al hecho de que el expresident Carles Puigdemont y varios exconsejeros se encontraban en Bélgica.

En otros términos: la citación el mismo día 2 de noviembre de los 6 miembros de la Mesa del Parlament en el Supremo y los 14 ex consejeros en la Audiencia Nacional eran una respuesta a la salida de Puigdemont y su anuncio de que no se presentaría a prestar declaración.

Llanera, tras escuchar a los letrados pedir la suspensión para preparar con más tiempo la estrategia de defensa y oir que la fiscal Consuelo Madrigal no se oponía al aplazamiento les citó para el jueves próximo.

Pero en la Audiencia Nacional, la magistrada Lamela, conociendo lo que pasaba en el Supremo, siguió otro curso de acción.

En el auto de prisión puntualiza que no había tenido conocimiento de la solicitud del escrito de solicitud de aplazamiento hasta después de las declaraciones y que “en todo caso, ninguna de las partes, en el momento en que las declaraciones han tenido lugar, ha solicitado su suspensión”.

Y añade cuál era el alcance de la sesión del jueves. “Además, las declaraciones que se han llevado a cabo en el día de hoy han tenido básicamente por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto i 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo en conocimiento de los querellados el contenido de la imputación formulada contra ellos, y darles intervención en las actuaciones a fin de que puedan ejercitar su derecho de defensa”.

Era, pues, un mero trámite: había que dar una respuesta dada la situación especial creada por la presencia de Puigdemont y varios ex consejeros en Bélgica.

Es una ironía que la propia magistrada, mientras escribía el auto de prisión sin fianza de 8 ex consejeros, el de prisión eludible con fianza para uno de ellos, dictara la providencia para proveer la solicitud de suspensión de las declaraciones, ya celebradas durante esa mañana, en la cual se pide informe a la Fiscalía.

Una fuente señaló a ARA: “La magistrada asegura que no conocía la solicitud de suspensión. Pero tengo para mi que incluso en caso de saberlo, la hubiera denegado”. Los fiscales de la Audiencia Nacional, a diferencia de sus colegas del Supremo, callaron.