El Observatorio del Ebro recomendó un sismógrafo submarino que el Castor no instaló

ValenciaInstalar un sismógrafo submarino para vigilar la evolución del almacén de gas y, así, complementar a los dos que ya había en la costa. Fue la recomendación del Observatorio del Ebro, entidad contratada para vigilar el impacto de las operaciones del almacén Castor, pero la compañía Escal UGS no la incorporó. Lo ha explicado este martes el ex director del organismo Joan Miquel Torta, durante la segunda sesión del juicio que pretende aclarar si la empresa y sus dos máximos ex altos cargos, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, tuvieron alguna responsabilidad en los terremotos que sufrió la costa del Montsià y del Baix Maestrat en 2013. También han declarado funcionarios del ministerio de Industria y trabajadores de la plataforma logística.

El testimonio de Torta ha sido ratificado por la también exrepresentante del observatorio, Arantza Ugalde, que ha puntualizado que los informes no consideraban imprescindible situar el sismómetro submarino en una fase inicial. Cuando le han preguntado por el origen de los movimientos sísmicos, Ugalde ha coincidido con la tesis del estudio encabezado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) y ha afirmado que se registraron en una falla desconocida hasta entonces, situada por debajo de la zona de inyección del gas y de la falla de Amposta. Menos tajante se ha mostrado a la hora de señalar el origen de esta fractura. Ha apuntado que los cambios de presión en la cavidad submarina habrían podido ayudar a mover la falla de Amposta, pero que esta afirmación era solo "una hipótesis".

La encargada de relatar la cronología de los hechos ha sido la entonces responsable de la sección sísmica del Observatorio del Ebro, Estefania Blanch, que ha explicado que antes de la inyección de gas, iniciada en junio de 2013, solo se habían detectado 21 movimientos sísmicos, mientras que entre los días 9, 10 y 11 de septiembre se registraron 50, algunos superiores a los 2,5 grados. Sobre los avisos trasladados a la compañía, ha detallado que ya el día 10 se informó a la empresa de que había anomalías, una situación que se confirmó dos días después con 47 microsismos. Fue entonces cuando Blanch envió un correo electrónico a Escal UGS para sugerir poner fin a las inyecciones o reducir el caudal, petición que fue aceptada el 15 por la tarde, dos días antes de la paralización de la plataforma.

En representación de la administración han declarado en calidad de testigo Sergio López, ex subdirector general de Hidrocarburos y actual ejecutivo de la petrolera Cepsa, y Jaime Suárez, director general de Política Energética entre 2012 y 2014. El primero ha explicado que la relación con Escal UGS fue de "colaboración absoluta" y que todo lo que se pidió a la compañía "se cumplió". Por su parte, Suárez ha detallado que el gobierno español fue informado de todos los seísmos, incluidos los más pequeños, y que fue cuando los terremotos incrementaron de intensidad el día 24 de septiembre –fue de 3,6 grados–, y después el 28 y el 30 de septiembre –hasta 4,3–, cuando se decidió que las inyecciones de gas, ya paradas el 17 de septiembre, no se podían retomar en octubre como inicialmente había previsto la empresa. En este sentido, Suárez ha señalado que los técnicos del ministerio de Industria consideraron como posible origen de los terremotos las actividades de la plataforma Castor, que "habrían desestabilizado" la zona.

15.000 euros de indemnización por persona

El peso de los interrogatorios lo están asumiendo la fiscal de Medio Ambiente de Castellón, Dolores Ofrecio, y el abogado de la acusación popular que ejerce la entidad Asociación de Afectados por la Plataforma Castor. La primera ha pedido para el expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el ex consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, seis años de prisión, una multa de 15.600 euros e inhabilitación para actividades geológicas y gasistas durante tres años y medio. Además de las peticiones del ministerio fiscal, el segundo ha solicitado que la aseguradora Zurich asuma los daños causados por los seísmos a diez vecinos de la zona y que durante el juicio se valoren las afectaciones en otra veintena de inmuebles. Finalmente, los 123 socios de la asociación reclaman una indemnización por los daños morales por el pánico y la inseguridad sufrida durante la oleada sísmica de 15.000 euros por persona, 1.845.000 euros en total, muy por encima de los 2.500 euros inicialmente anunciados por la propia compañía.