Los acusados del caso Castor defienden que los seísmos no eran motivo para parar el proyecto

ValenciaNo se trataba de terremotos sino de “microseísmos” y una inyección de gas es incapaz de fracturar una falla por sí sola. Estos son los dos principales argumentos que han aducido en su defensa los dos acusados del caso Castor, el ex presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el ex consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, en la Audiencia de Castellón en el inicio del juicio por los 519 seísmos provocados por la plataforma de gas en 2013.

Los directivos, acusados junto con la compañía de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, han defendido que los movimientos sísmicos que se produjeron hasta la parada de las pruebas de inyección el 17 septiembre del 2013 eran tan débiles que no aconsejaban, ni siquiera, finalizar las operaciones de suministro de gas, y que ellos las habrían continuado en octubre tal como estaba previsto. “Eran imperceptibles para cualquier vecino de la zona”, ha repetido durante su declaración Del Potro, subrayando que los terremotos eran inferiores a los 2,5 grados, a pesar de que en las semanas posteriores la intensidad de los movimientos sísmicos llegó a los 4,2 grados.

El ex presidente de Escal UGS, compañía participada mayoritariamente por ACS, empresa encabezada por el magnate Florentino Pérez, ha defendido la dificultad de establecer una relación de causa-efecto entre los movimientos de tierra y la operación gasística porque los “microseísmos” se producían "a 15 y 20 kilómetros de las instalaciones del Castor, según los cálculos del Instituto de Sismología [Instituto Geográfico Nacional]". Un argumento en el que también ha incidido el ex consejero delegado, que ha añadido que se trataba de terremotos que los ciudadanos podían "notar muy poco". Incluso, ha citado el ejemplo que para provocar grietas en una vivienda hacen falta seísmos de más de 4 grados.

Recaredo del Potro también ha defendido que una inyección como la llevada a cabo ante la costa de Alcanar (Montsià) y Vinaròs (Baix Maestrat), a 22 kilómetros en línea recta del almacén de gas submarino, es incapaz de generar una fractura en una falla como la de Amposta, y que solo la puede acelerar "si ya está a punto" de producirse. Los dos acusados han declarado que durante las operaciones no se sobrepasaron las presiones máximas que podía admitir el almacén y se han desvinculado de las decisiones del día a día del almacén, una tarea que han atribuido principalmente al director técnico del proyecto, Carlos Barat, que figuraba como investigado pero que murió por enfermedad durante la instrucción.

La intención era continuar con las pruebas

Los dos ex directivos sí que han reconocido que, pese a los terremotos, la intención de la empresa era continuar con las pruebas de inyección de gas, y que solo la decisión de Enagás de parar las operaciones obligó a la compañía a renunciar a su plan, inicialmente, y a abandonarlo finalmente. Para defenderse, tanto Del Potro como Martínez Dalmau han enfatizado que la costa del Montsià y del Baix Maestrat es la zona sísmica más estable de la Península y que no se puede predecir la evolución de una falla.

El ex presidente de Escal UGS también ha destacado que la empresa hizo un sondeo en 2004 que revelaba un comportamiento del almacén "mejor del que se preveía" y que la subcontratista Geostock encargó al Instituto Francés del Petróleo una modelización que determinara la presión máxima admitida por el almacén. "Si no sobrepasábamos los 49 bares, no había riesgo", ha apuntado, antes de garantizar que en ningún momento se sobrepasaron los 8 bares. Esta tesis habría sido rebatida por un informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) del 2014 y por otro de la Universidad de Stanford, que advertían del escasísimo margen de presión que había para llevar a cabo las inyecciones sin riesgo.

También ha puesto en entredicho los procedimientos de la compañía la fiscal de Medio ambiente de Castellón, Dolores Ofrecio, que este lunes ha preguntado a los dos directivos si la compañía tenía prisa por hacer las pruebas de inyección de gas y, así, conseguir la autorización definitiva del gobierno español para poder operar, una urgencia que los directivos han negado. 

Más de 500 seísmos

Durante las próximas semanas, el juicio tendrá que aclarar la responsabilidad de los acusados y de la compañía en los más de 500 seísmos registrados en la zona. Algunos fueron percibidos por la población y causaron "daños de consideración" en viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en el Baix Maestrat, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en el Montsià.

De hecho, un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), los dos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), reveló que la inyección de gas produjo una "sobrepresión y un efecto de flotación de gas que movió la falla de Amposta, que a su vez desestabilizó otra más profunda, desconocida hasta ahora, y causó los seísmos de más magnitud percibidos por la población".

1.350 millones de euros públicos en el Santander, CaixaBank y Bankia

El juicio no analizará el diseño, la tramitación, la financiación ni coste final del proyecto. Tampoco el hecho que el Tribunal Supremo decidiera en 2020 que el Estado tenía que pagar 1.350 millones de euros al Santander, CaixaBank y Bankia, las entidades financieras que adelantaron a Escal UGS las indemnizaciones porque finalmente el almacén no entró en funcionamiento, a pesar de que el Tribunal Constitucional después declaró nula la sentencia.