Misc 10/09/2021

Una quincena de plataformas de represaliados cargan contra la medalla que les otorga el Parlament

Denuncian "la hipocresía y el cinismo" del Parlament y la Generalitat

ARA
3 min
Una de las fotografías de la mesa del Parlamento  en Tornabous, donde se ha reunido este martes

BarcelonaAhora hace una semana el Parlament aprobó otorgar la Medalla de Honor que cada año entrega por la Diada a las "víctimas de la represión" en la "causa general" contra el independentismo, y la decisión ya nació en medio de la polémica. Los dos miembros de la mesa del PSC se opusieron; los socialistas, el PP, Cs y Vox ya avanzaron que no irían al acto de entrega, e incluso hubo reproches cruzados entre las fuerzas independentistas: ERC criticó que la presidenta de la cámara, Laura Borràs, limitara la represión al independentismo y dejara de lado la defensa de otros derechos y la CUP instó a Borràs a exigir al ejecutivo que retire de manera inmediata "les acusaciones particulares que mantiene contra personas represaliadas". Con todo, la presidenta decidió que entre la delegación de veinte personas que recogerán este viernes la medalla también haya personas acusadas por la Generalitat. Estas personas, sin embargo, tampoco están conformes con la decisión. A pocas horas para que empiece el acto, una quincena de grupos de apoyo a represaliados y varias personas a título individual han hecho un comunicado conjunto denunciando "la hipocresía y el cinismo del Parlament y la Generalitat".

Concretamente, en el comunicado muestran su rechazo a un acto que "es un intento de lavar la cara a un gobierno que está siendo responsable directo de la represión hacia el pueblo catalán". Una responsabilidad, aseguran, del mismo grado o "incluso más" que la del gobierno español. Las plataformas concluyen que no se puede permitir que sigan "jugando el papel de defensores de las libertades quienes se encargan de perpetuar la opresión". La crítica de esta quincena de grupos de apoyo llega el mismo día que se entregará la medalla y cuando el Parlament todavía no ha hecho público quién formará parte de la delegación que la recogerá. "No necesitamos medallas ni las queremos", sentencia el comunicado, que está firmado por plataformas como el Grup de Suport Detingudes 26-F, la Plataforma Llibertat Pablo Hasél, el Grup de Suport Sas Absolució y el Moviment Pro Amnistia, entre otras organizaciones, así como siete personas encausadas a título individual.

"Tampoco los necesitamos a ellos, traidores de la voluntad popular y farsantes que todavía quieren intentar hacernos creer que luchan por el derecho a la autodeterminación", sigue el comunicado, que concluye que la "única forma de acabar con su represión es la organización popular al margen de sus instituciones".

En paralelo a este comunicado conjunto, la plataforma Marcel Absolució, grupo de apoyo de Marcel Vivet, condenado a cinco años de prisión por la manifestación de Jusapol, también se ha posicionado. Afirman que les parece "evidente y de mínimos" que se apoye a los represaliados, pero también critican que el reconocimiento sea un "gesto simbólico, como una entrega de medallas, que puede acabar resultando vacía de contenido y una simple operación estética". "El reconocimiento que exigimos va mucho más allá y pasa por llevar a cabo acciones políticas reales", concluye el comunicado, que propone nuevos mecanismos de control a los Mossos d'Esquadra, y que estos protocolos, así como los atestados policiales y las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía, garanticen los derechos fundamentales.

De hecho, Vivet, según ha explicado él mismo, ha sido una de las personas escogidas para recoger la medalla. Aún así, no irá. Así lo afirma en un vídeo publicado en las redes sociales, donde ha transmitido su respeto a las personas que han decidido ir al acto y también a aquellos que cómo él han rechazado la invitación. "Después de esta medalla, ¿la Generalitat dejará de amparar nuestra represión?", se ha preguntado Vivet, acusado durante el juicio a cuatro años y nueve meses de prisión por el Govern, a pesar de que una vez condenado rebajó la petición de pena a los seis meses.

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