El castellano no está marginado en la escuela catalana
BarcelonaEn ningún caso se puede afirmar que el castellano esté marginado en la escuela catalana ni en el conjunto del sistema educativo de Catalunya. Cualquier persona que conozca de primera mano esta realidad, desde la guardería hasta la universidad, lo tiene claro. Con el sistema de la inmersión lingüística en catalán en la educación obligatoria, que por otro lado es consabido que se aplica con mucha flexibilidad, los chicos y chicas salen con un conocimiento del castellano igual o superior al del resto de estudiantes del Estado. También salen, claro, conociendo el catalán, hecho que supone una excepción respecto a la realidad social del idioma histórico de Catalunya, que es de uso minoritario en la calle, en el mundo laboral, en el ocio audiovisual o en la justicia, entre otros ámbitos relevantes. Hasta el punto de que la discriminación positiva que supone que el catalán sea lengua vehicular en la educación primaria y secundaria, y en el bachillerato, no ha evitado que el uso del idioma haya reculado mucho en los últimos años: según los datos más actualizados (2018), entre los jóvenes barceloneses de 19 a 29 años solo lo hablan habitualmente el 19,6% (en 2013 lo hacían el 30%). Para el conjunto de la población, este porcentaje se sitúa en el 36,1% (en 2005 era el 46%).
Este es el contexto sobre el cual hay que leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a todas las escuelas e institutos del país a impartir un 25% de las clases en castellano "de manera efectiva e inmediata". Hasta ahora se habían producido sentencias sobre denuncias particulares de familias. Esta afecta a todo el sistema. El TSJC da así la razón a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en nombre del ministerio de Educación durante el gobierno del PP. Esa denuncia formaba parte de la estrategia irresponsable de avivar la batalla de la lengua en la educación en Catalunya, donde durante décadas, y de hecho todavía hoy, se había dado una convivencia armónica fruto de un amplio consenso social basado en la evidencia de que había que ayudar al catalán, la lengua más débil. Eso hace tiempo que se está intentando romper: PP, Cs y ahora Vox han convertido una supuesta marginación del castellano en arma política.
¿Qué efecto tendrá la sentencia? La Generalitat ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Además, la nueva ley española de Educación, en curso de aprobación y pactada por el gobierno de coalición PSOE-Podemos con ERC, devuelve a las comunidades autónomas la potestad para fijar los usos lingüísticos y obvia situar el castellano como lengua vehicular. Así pues, lo que ha dictado el TSJC entraría en contradicción con esta ley orgánica. Hay, pues, recorrido judicial y político antes de que la sentencia sea efectiva. Pero esto no quita gravedad al hecho. Y el hecho es que la justicia dictamina al margen de la realidad, no de la que lleva años fabricando la caverna mediática y que ha calado en una parte importante de la opinión pública española, sino de la efectiva realidad educativa y sociolingüística catalana.
