01/07/2021

10 apuntes sobre el Tribunal de Cuentas

4 min
Entrada del Tribunal de Cuentas, en Madrid.

Perder la libertad con la prisión y el exilio, impedir la participación política con inhabilitaciones y arruinar económicamente a cargos públicos y funcionarios; este es el lamentable balance de un Estado que se ha demostrado incapaz de gestionar un conflicto político sin utilizar la represión y la persecución de aquellos que disienten. La maquinaria de la represión está muy engrasada y tiene unas raíces profundas que vienen de lejos. España tiene una arquitectura institucional que en muchos momentos de su historia ha estado siempre al servicio de la represión y la imposición, devorando el terreno de la política y transformando los conflictos en sumarios y en expedientes.

Esta semana hemos conocido el importe que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 personas por los gastos de la acción exterior de la Generalitat de los años 2011 a 2017. Son 5,4 millones de euros, que se suman a las fianzas ya depositadas de 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los 5 millones por la consulta del 9-N. Por si esto no bastara, también hay 5,7 millones de euros en el juzgado de instrucción 13 y 1,7 millones más por las causas abiertas en el TSJC, todo esto sin contar las multas que se han pagado. La factura de la represión económica contra el independentismo ya suma 22 millones de euros, miles de días de prisión y exilio y docenas de años de inhabilitaciones.

Con el Tribunal de Cuentas estamos ante una represión invisible. No genera el rechazo de encerrar a alguien en la prisión, pero sus efectos son demoledores sobre docenas de familias que pueden sufrir sus consecuencias durante generaciones. La persecución del Tribunal de Cuentas se puede resumir en diez puntos.

1. Un tribunal sin jueces. El PP y el PSOE, a través de un acuerdo político en el Congreso y en el Senado, escogen a los miembros de este órgano, con criterios de afinidad política. El Tribunal de Cuentas no forma parte del poder judicial ni sus miembros son jueces, pero dictan sentencia y tienen licencia para arruinar.

2. Unas acusaciones políticas. Entre las partes denunciantes en este expediente encontramos a actores políticos como Societat Civil Catalana o un artefacto llamado Abogados Catalanes por la Constitución, que están junto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Hacen el mismo papel que hizo Vox en el juicio del Procés en el Tribunal Supremo.

3. La presencia ilegítima de la Abogacía del Estado. La ley del Tribunal de Cuentas establece que solo pueden ser parte en el procedimiento los representantes de las entidades presuntamente perjudicadas. Si fuera el caso, lo sería la administración de la Generalitat. En esta causa, la administración del Estado no tiene nada a reclamar ni ha sufrido ningún perjuicio, pero las personas denunciadas han tenido que defenderse de alguien que no tiene derecho a ser parte. Este solo hecho tendría que ser motivo suficiente para considerar nula toda la causa.

4. Un tribunal competente en todo. A pesar de que en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O se diga que hacer viajes para explicar una posición política forma parte de la libertad ideológica o que el Tribunal Constitucional reconozca las competencias de la Generalitat en acción exterior, el Tribunal de Cuentas no tiene en cuenta nada de esto y reclama dinero arbitrariamente para fundamentar su posición.

5. Un voto particular discrepante. Incluso uno de los 11 miembros actuales del Tribunal discrepa de la reclamación. La consejera María Dolores Genaro hizo un voto particular denunciando la falta de motivación de la reclamación y los defectos formales del expediente.

6. Una indefensión permanente. Bajo la apariencia de un procedimiento garantista, el Tribunal de Cuentas genera una permanente indefensión a los afectados. Plazos breves para defenderse, documentación confusa o recursos y alegaciones que nunca se estiman son la manera normal de funcionar. Es un ejemplo paradigmático de lawfare

7. Primero condenan y después hacen el juicio. La imposición de una fianza millonaria al inicio del procedimiento, sin ninguna posibilidad real de defenderse, se convierte en una auténtica condena. Una vez embargados los bienes o depositadas las fianzas millonarias, el mal ya está hecho.

8. Fianzas confiscatorias. En 15 días nadie tiene millones de euros listos para depositar. Se piden cantidades astronómicas en tiempos récord, a menudo duplicadas porque también están depositadas en otros órganos, y se exigen intereses que acaban sumando centenares de miles de euros más.

9. Amigos, conocidos y saludados. La falta de imparcialidad es marca de la casa. Basta con ver que uno de los miembros del Tribunal es el hermano del expresidente José María Aznar o que otra es su exministra de Justicia. Quizás esto explica que los asuntos de Ana Botella, la contabilidad oculta del Partido Popular o la indemnización millonaria del caso Castor no tengan problemas en este órgano.

10. Mirando a Europa. Como todas las causas del Procés, con toda probabilidad, la sentencia que dicte el Tribunal de Cuentas, que será recurrida en el Tribunal Supremo, puede acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de garantías de una causa que tiene como objetivo la persecución de unas ideas. Pero como siempre pasa, la justicia que llega tarde no es justicia.  

Carles Mundó es abogado y ex 'conseller' de Justicia

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