Meta ha aceptado pagar cerca de 17.000 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por decenas de estados norteamericanos que la acusaban de haber diseñado Facebook e Instagram para generar adicción entre los menores.
Hace tiempo llamó la atención saber que algunos directivos de las grandes empresas tecnológicas limitaban de forma muy estricta el acceso de sus propios hijos a las redes sociales. Quizá nadie conocía mejor que ellos el poder que aquellos algoritmos tenían para retener la atención.
Los 17.000 millones aceptados representan el reconocimiento implícito de que algo se hizo mal. Lo que ya no podemos recuperar es el tiempo perdido ni las consecuencias que todo ese negocio haya podido dejar en toda una generación de jóvenes y adolescentes.
Si una empresa contamina un río, el dinero de la sanción puede servir para descontaminarlo. Si se indemniza un accidente, puede resarcirse a las víctimas. Pero ¿cómo se repara una adolescencia? ¿Cómo se compensa el deterioro de la autoestima, la comparación permanente con vidas irreales, las horas de convivencia familiar perdidas o los problemas de ansiedad que muchos psicólogos relacionan con el uso intensivo de las redes sociales?
Lo tengo claro: hay daños que ya no tienen reparación.
Y eso es lo importante. El problema no es solo Meta. El problema es que el legislador y la justicia siguen llegando tarde cuando de tecnología se trata.
Sucedió con Internet. Ha sucedido con las redes sociales. Y va a volver a suceder con la inteligencia artificial.
No se trata de frenar la innovación. Internet o las redes sociales han aportado cosas extraordinarias. La IA también lo hará. La cuestión es otra. Si sabemos que una tecnología puede modificar conductas, generar dependencia o afectar a procesos tan delicados como el aprendizaje, la salud mental o el desarrollo de los menores, ¿tiene sentido esperar diez años para empezar a regularla?
Bill Gates acaba de escribir en su blog personal que los gobiernos deben acompasar el avance de la IA a la capacidad de las economías para absorber la reconversión laboral y profesional que va a entrañar.
La tecnología seguirá avanzando mucho más deprisa que las leyes. Y no digamos ya que las políticas sociales y económicas. Precisamente por eso, el gran debate ya no debería centrarse en qué sanciones imponemos cuando el daño ya está hecho. Debería centrarse en qué límites queremos establecer antes de que aparezcan daños que ninguna indemnización pueda reparar.
Es algo que me resulta incomprensible. ¿Cómo tardamos tanto en adoptar medidas y establecer limitaciones para proteger la salud, el empleo y la estabilidad laboral?
Y se lo dice un liberal.
