2024: ¿reformar la inmersión?

Hace un par de años, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afianzando la obligatoriedad de ofrecer el 25% de las clases en castellano certificaron el final formal del sistema de inmersión en la escuela catalana, que había recibido una vez fatal con la sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El final sustantivo, en muchos centros del país, se había ido incubando ya desde algunos años antes, cuando el sistema de inmersión empezó su retroceso práctico. Resumiendo, la inmersión fue una historia de éxito durante un par de décadas, desde su inicio, impulsado por familias del área metropolitana de Barcelona que querían enseñanza en catalán para sus hijos. Y ha decaído en las dos últimas décadas por motivos variados.

Entre éstos, no es el menor que, en un contexto institucional catalán de ausencia de poder llevar, capaz de garantizar coactivamente la inmersión lingüística –prerrogativa de los estados–, el poder débil del catalán -cultural e ideológico- se ha deteriorado, así como su carácter de herramienta de movilidad social. Además, en las dos últimas décadas se ha desatado un combate por el estatus social del castellano en Cataluña. Cuesta entender que el problema planteado no es si los niños catalanes aprenden el castellano en la escuela; la realidad es abrumadora en este sentido, por lo que tiene poco efecto seguir repitiendo la obviedad de que los niños aprenden castellano. La reciente estrambótica visita de parlamentarios de la UE sólo perseguía mostrar que al castellano no se le da la misma importancia que al catalán en el sistema educativo.

Estos factores seguirán operando en el futuro inmediato y han alterado la respuesta que debe darse al problema que suscitó la inmersión: la pretensión de muchas familias de garantizar la enseñanza en catalán a sus hijos, en entornos donde el catalán es lengua minorizada, minoritaria y –a veces– residual. Para que este problema pueda ser abordado en mejores condiciones en el futuro, es necesario apelar a la voluntad de las familias, aún más importante dado el carácter de coproducción del servicio de enseñanza, que determina la falta de resultados buscados sin implicación de los usuarios.

Esta política se ha seguido en el País Vasco en las últimas décadas, con las redes escolares diferenciadas según lengua (diferente del sistema de líneas dentro del mismo centro aplicado en el País Valenciano). Todo un éxito en lo que se refiere a la adhesión al Modelo D, con el vasco como lengua vehicular, que ha alcanzado el 80% de adhesiones a infantil y primaria. Esto implica que no menos del 75% de familias con castellano como lengua primera optan por el euskera como lengua vehicular única. Un problema de este sistema ha sido el bajo nivel de comprensión del euskera en las modalidades mixta (casi el 20% de adhesiones) y de castellano vehicular (residual); ahora, esto es poco comparable a Cataluña, dada la gran diferencia entre vasco y castellano.

Este problema suscitó en el 2022 la propuesta de reforma del sistema educativo vasco, que parecía orientarse hacia una inmersión obligatoria en la catalana, siguiendo las propuestas de Bildu. En Cataluña se aprovechó para señalar la incongruencia de poner la atención en el modelo vasco cuando allí "pretendían adoptar el catalán". Pero las cosas son cómo son. Bastaba esperar, pacientemente, al desenlace de la reforma vasca. Como era previsible, el sistema de redes escolares no se ha transformado en inmersión obligatoria. Hace pocos días, el Parlamento Vasco aprobó –con los votos de PNV y PSE-PSOE– mantener el actual sistema y reforzar al vasco en las redes que no lo usan como lengua vehicular. Este desenlace sólo puede sorprender a quien pensara que PNV y PSE-PSOE aceptarían cambiar a un modelo liquidado judicialmente en Cataluña, con el previsible resultado de debilitar al vasco en el conjunto de su sistema educativo, y suscitar conflictividad social.

La discusión sobre la inmersión seguirá siendo tabú en Cataluña, pero cada vez menos. La realidad no cambiará por cerrar los ojos a las nuevas condiciones y contornos del problema, y ​​es necesario pensar en reformas que se adapten. Está claro que el problema de fondo para el catalán, en el ámbito legal, subsistirá mientras no se solucione la asimetría impuesta por el artículo 3 de la Constitución española, que hace obligatorio el conocimiento del castellano, exigencia de carácter general.- _BK_COD_ Una solución se ofrecía con el artículo 6.2 de la propuesta de reforma del Estatut aprobada en 2006: “Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales”, pero la efectividad de este artículo no superó el segundo rastrillo en el Estatut, el del Tribunal Constitucional. Éste, en la sentencia de 2010, estableció que el deber de conocer el catalán era constitucional con el bien entendido de que era “concebido como un deber de naturaleza distinta que sólo puede atribuirse al castellano [art 3 CE]; o sea, como un deber que no es jurídicamente exigible con carácter generalizado“. Porque, efectivamente, no hay igualdad entre castellano y catalán en Cataluña: el castellano está legalmente por encima del catalán.