Acuerdo de financiación y déficit fiscal: una respuesta

Me sorprende que Miquel Puig, con quien he compartido análisis y diagnósticos tantas veces, se oponga a argumentos que él mismo ha defendido enérgicamente.

Me ratifico en la afirmación de que, desde la óptica española, el acuerdo de financiación autonómica anunciado por Oriol Junqueras y la ministra María Jesús Montero, después presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), mejora el modelo anterior. Reduce la distancia entre las comunidades autónomas de régimen común mejor financiadas y las peor financiadas. Corrige los casos más dolorosos de infrafinanciación de aquellas comunidades, como la Comunidad Valenciana y Murcia, que siendo más pobres que la media (en capacidad fiscal) salen del proceso de redistribución actual aún más pobres. Corrige los casos de Andalucía y Castilla-La Mancha, que, recibiendo menos que la media, mejoran los recursos a su alcance y se acercan a la media con el nuevo modelo.

Creo que si la ministra hubiera presentado el modelo directamente al CPFF sin la información pública previa del presidente de ERC pudo defender sus bondades ante todos los críticos. Para aprobar el nuevo modelo, la ministra de Hacienda deberá ir negociando bilateralmente con todas las comunidades que se consideran agravadas, y lo que saldrá seguro será diferente a lo anunciado. El déficit fiscal de Catalunya se reducirá aún menos de lo que ya se reduce con el modelo anunciado.

Las cuentas que hace Miquel Puig en el artículo del pasado domingo dan por hecho que el déficit fiscal actualmente es del 8%, cuando ya hace tiempo que tira hacia arriba –entre el 9% y el 10%–, cómo los ciudadanos de Catalunya perciben claramente y cómo las estimaciones de la Generalitat de Catalunya han ido identificando. Y, por supuesto, tal y como se calculan las balanzas fiscales, todo gasto público nuevo que deba territorializarse sólo puede asignarse a cada comunidad por un criterio como su peso en el PIB total. Esto vale para la financiación autonómica, para las pensiones, para los gastos de la administración central y para todo el gasto del Estado. En mi visión escéptica de los efectos del nuevo modelo de financiación para Cataluña, yo añadía otros elementos. Lo primero, que no era evidente a simple vista, es que saltamos de comparar datos de ejecución de 2023 a previsiones de recursos asignados para 2027; o sea, un salto de cuatro años. Si se descuenta el gasto que ya se ha incrementado, y que se prevé que se incremente más, la ganancia es mucho menor a la anunciada: ¡casi la anula!

También debo insistir en otra crítica que hice, más profunda: el único ajuste que exige un modelo de financiación, que cuenta dinero que sirve para pagar sueldos, es el ajuste por paridad de poder adquisitivo. En cada crisis de los servicios públicos –trenos, docentes, sanitarios, policías, jueces– volvemos siempre al mismo punto: la vida es más cara en Catalunya que en la mayoría del Estado, y los servidores públicos del Estado o de empresas del Estado reaccionan huyendo de Catalunya. Dado que la financiación autonómica es, en un 80% o más, pago de sueldos y complementos de renta, una igualdad perfecta de la financiación autonómica per cápita patente que los mismos euros recibidos en Catalunya no compran lo mismo que en otras comunidades españolas. Las únicas excepciones serían Madrid, País Vasco, Navarra y las Islas Baleares, según el último estudio publicado por Àlex Costa y otros coautores –interesantísimo como otros previos–, para estimaciones correspondientes al año 2021. Todo ello nos recuerda que el INE dispone siempre de toda la información sobre paridades de poder adquisitivo en todas las escalas territoriales (son datos indispensables para calcular los índices del coste de la vida) y que debería exigirse que el modelo de hacer pública lo haga pública financiación.

Queda por mencionar la inversión. La Generalitat ha realizado despliegues inversores enormes en el pasado. Por poner algunos ejemplos, ha rehecho y ampliado la red de carreteras (recordamos las C-16, C-17, C-21, C-25, C-31, C-35, C-37, C-59, etc.); la línea 9, todavía en construcción, ya ha añadido muchos kilómetros a la red de metro de Barcelona y sus alrededores, y los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña han ampliado su red en el Vallès Occidental. Pero la Generalitat no puede hacer más porque el Estado no le deja más. Los gobiernos centrales acaban asignando cantidades importantes a presupuestos de inversión en Catalunya que después no ejecutan. No sólo porque Catalunya sea un territorio más complejo que Madrid –que lo es, sin duda–, sino porque no se lleva a cabo el gasto más simple y no conflictivo. Desde este punto de vista, sabe mal decir que el actual gobierno del presidente Sánchez no lo ha hecho distinto al anterior, del presidente Rajoy. El reconocimiento por parte del ministro Puente de que la red de Cercanías sufre de un abandono inversor brutal es un gesto que le honra, pero no aporta ninguna solución. Y, al fin, se vuelve en contra de su propio gobierno.