El acuerdo de investidura y el maltrato fiscal a los catalanes

El maltrato fiscal a los catalanes es una realidad objetiva de la que es importante distinguir dos vertientes. El primero está ligado a la existencia de un déficit fiscal con el Estado, provocado por la diferencia entre lo que el Estado ingresa en concepto de impuestos pagados por los catalanes y lo que el Estado gasta en Catalunya. Este déficit representa cerca del 10% del PIB catalán, un porcentaje escandaloso que se ha ido manteniendo más o menos constante a lo largo de décadas, con independencia de quien gobernara en Madrid. La segunda dimensión de este maltrato fiscal nada tiene que ver con el Estado: es autoinfligida. Quizás por eso los políticos catalanes no hablan. Esta vertiente del maltrato tiene un significado muy tangible: los residentes fiscales en Cataluña llevan mucho tiempo pagando más IRPF, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones e impuesto de transmisiones patrimoniales (además de otros impuestos especiales) que la mayoría de los ciudadanos españoles, cortesía exclusiva de los gobiernos catalanes de turno con el apoyo de sus aliados parlamentarios. No es este el espacio para entrar en detalles, pero es seguro que los lectores damnificados son conscientes de ello.

Se pensaría que la anunciada soberanía fiscal (a cambio de investir al candidato socialista) debería poner fin, o al menos revertir parcialmente, éste doble maltrato fiscal. ¿Pero hasta qué punto la letra pequeña del acuerdo de investidura es consistente con este deseo?

Es evidente que algunos puntos del acuerdo, principalmente el respeto al principio de ordinalidad en ingresos y gastos del Estado, contribuirían (si se cumplieran) a la reducción del déficit fiscal. En este sentido, deben ser bienvenidos. Pero no nos engañemos: muchos Gobiernos del Estado necesitados de los votos de los partidos catalanes han prometido repetidamente reducir el déficit fiscal y nunca lo han cumplido. La eventual creación de un consorcio que asuma efectivamente la gestión y ejecución de la inversión pública puede ayudar en este sentido (suponiendo que acabe siendo operativo). Pero está claro que cualquier logro en este ámbito será fácil de revertir el día en que no se necesiten los votos de los partidos catalanes en Madrid, y más ante un previsible cambio de gobierno. Y los tribunales seguro que no lo mirarán de lejos. En cualquier caso, el contraste entre la voluntad de singularidad de unos y los cambios legislativos previstos en el acuerdo, aparentemente generalizables en todas las comunidades (un nuevo café para todos), ya son todo un presagio.

En relación con la segunda vertiente del maltrato fiscal, es decir, los impuestos pagados de más para los catalanes, el pacto de investidura no podría ser más claro y contundente: en la escasa línea y media dedicada a fiscalidad (p. 16) se acuerda “mantener el impuesto de sucesiones y de patrimonio en los tipos actuales y no implementar propuestas de deflactación del IRPF.” Punto final. Ninguna referencia a la deseabilidad de una normalización gradual. Nada de nada. Como en las puertas del infierno (nunca tan bien dicho), el mensaje está claro: “Abandon toda esperanza.” Es cierto que más adelante el documento hace referencia a la voluntad de implementar una (¡mínima!) rebaja del IRPF en las rentas por debajo de 35.000 euros, pero esta rebaja ya se había acordado hace tiempo en el contexto de la negociación de los presupuestos para 2024 y, por tanto, en ningún caso se puede interpretar como un dividendo del nuevo estatus fiscal que Cataluña supuestamente obtendrá a cambio de la investidura del candidato socialista.

¿Pero de qué sirve la soberanía fiscal si no permite acabar o, como mínimo aliviar, el maltrato fiscal a los catalanes, en todas sus dimensiones? El trabajador que hasta ahora pagaba, digamos, un 30% de su sueldo en IRPF, tendrá ningún consuelo de saber que tendrá que hacer sus pagos a la Agència Tributària de Catalunya en vez de la española, dado que seguirá pagando exactamente ¿el mismo 30%? Por otra parte, es importante ser conscientes de que hecho diferencial impositivo catalán en ningún caso responde a una política progresista que pretende reducir desigualdades. Es cierto que sus principales damnificados son fundamentalmente profesionales calificados con rentas de trabajo altas. Pero lo que muchos ciudadanos posiblemente desconocen es que las grandes fortunas están blindadas respecto a los impuestos que nuestras izquierdas defienden con tanto entusiasmo (patrimonio, sucesiones y grandes fortunas), ya que el grueso de su patrimonio está bajo el paraguas de empresas familiares y por ley está exento de estos impuestos (en un 95%, en el caso de sucesiones). Por tanto, progresismo de cara a la galería y ensañamiento sobre un grupo políticamente indefenso. Y siempre sin que se enfade el amo, claro.

Una consideración final sobre una cuestión no menor: poner por escrito en un acuerdo político público la voluntad de "no implementar propuestas de deflactación del IRPF" es, en mi opinión, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Básicamente dice: bienvenida la inflación que nos permitirá aumentar los tipos de gravamen aplicables sin que haya habido un aumento del salario real del trabajador. Y todo sin necesidad de ningún cambio legislativo, ni debate ni trámite parlamentario alguno. Una cosa, ya bastante impresentable, es permitir que esto ocurra como aquel que no se da cuenta. Pero de ahí a hacer bandera y ponerlo por escrito...