BarcelonaEl debate de política general, que se acaba este jueves con la votación de las propuestas de resolución, ha dejado pistas claras de cuál puede ser el porvenir de la legislatura. En primer lugar, ha quedado patente que el presidente, Pere Aragonès, no piensa apartarse ni un milímetro de su apuesta por explorar el diálogo con el Estado a través de la mesa de negociación a pesar de la presión de sus socios de Junts y de la CUP. Los cupaires, que fueron rápidos a la hora de llegar a un acuerdo con ERC para la investidura, ahora parecen incómodos en su papel de socio preferente y pretenden subir el precio del apoyo a los presupuestos con una propuesta que no incluyeron en aquel pacto: la celebración de un nuevo referéndum unilateral en esta legislatura. Aragonès, sin embargo, rechazó una propuesta que sería contradictoria con su apuesta por el diálogo.
Precisamente, los expertos en negociaciones complejas consultados por el ARA ya avisaban de que la clave para que el proceso tenga éxito es crear un clima de confianza entre las dos partes. Y este clima saltaría por los aires si Aragonès pusiera ahora fecha a un nuevo referéndum. Tampoco Junts parece que tenga mucho interés en secundar la petición de la CUP, entre otros motivos porque ya se hizo un referéndum unilateral el 1-O. La CUP insiste en llevar al pleno resoluciones que pueden ser objeto de impugnación por los partidos españolistas y provocar la inhabilitación de la mesa, mientras que el resto de partidos independentistas parece que han optado por el pragmatismo de no poner en peligro las instituciones. Por todo ello, y a pesar de los esfuerzos del conseller de Economía, cada vez queda más lejos la posibilidad de que la CUP apoye los presupuestos. Y eso que uno de los escollos principales, que era la ampliación de El Prat, ha quedado fuera del escenario, y de que se trataría de unas cuentas expansivas con medidas de impacto social como avanzar en la gratuidad de las guarderías.
Si esta posibilidad se confirma, el presidente Aragonès y el conseller Giró tendrán un problema, porque la única opción que les quedará será negociarlos con el PSC. Y no está clar que el independentismo esté lo bastante maduro para un pacto de estas características, y más después de oír ayer en el Congreso a la portavoz de Junts, Miríam Nogueras, que dejó claro que no tienen ninguna intención ni siquiera de negociar los presupuestos del Estado con el PSOE.
El gobierno de la Generalitat, pues, corre el riesgo de volver a sufrir la parálisis y el bloqueo de unos presupuestos expansivos, justo en un momento en el que serían más necesarios que nunca para hacer frente a la reconstrucción pospandemia. Los tres partidos de la mayoría de la investidura (ERC, Junts y la CUP) tendrían que ser capaces de aparcar el tacticismo y asegurar su aprobación. Tanto Junts como la CUP avalaron, en el acuerdo de investidura, que ERC explorara la apuesta por la mesa de diálogo durante los próximos dos años. Ya habrá tiempo de evaluar el resultado de la mesa y escuchar al presidente Aragonès cuando afronte la moción de confianza. Hacerla descarrilar ahora sería, además de una irresponsabilidad, incumplir la palabra dada.
