Es una magnífica noticia de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la ley de amnistía. El final de los exilios y las inhabilitaciones es un paso más cerca. Pero todavía no será el último, porque en materia del independentismo catalán, lo que pueda aprobar el Congreso, lo que valide el Tribunal Constitucional o lo que apruebe la UE es una simple opinión a oídos de un tribunal sentenciador que vive en modoa miedo ellos!ylo que pueda hacer, que haga.
Dice el texto que la amnistía "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social". Ojalá, porque hablar de reconciliación es, en este caso, un edulcorante inexacto. No estamos hablando de una disputa entre dos iguales que ahora se reencuentran y hacen las paces, sino de un estado que actuó con policía patriótica, violencia policial, espías, pánico económico y sesgo judicial en contra de un movimiento político popular que se expresó en un referendo.
El propio PSOE –y el PSC– que compró todo lo deldesafíollegó a la ley de amnistía arrastrando los pies. Y qué decir del PP, de Vox o de grupos como Societat Civil Catalana, que deberían enrojecer después de que el abogado de la UE diga que la ley "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Una auténtica reconciliación querría decir que un referéndum como el de Escocia o los de Quebec serían posibles sin violencia del estado. Pero cuando una justicia llega a defender que los líderes del Proceso se enriquecieron personalmente porque se ahorraron poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es suyo), es que la reconciliación es una quimera.
