Amnistía: la rebelión silenciosa del Supremo
Hoy hace siete años que terminó el juicio en el Tribunal Supremo contra los principales responsables de organizar el referéndum del 1 de Octubre. Aquella causa judicial, que culminó con condenas severes por sedición, malversación y desobediencia, marcó un antes y un después en la política catalana y española. También estos días, fruto de las necesidades aritméticas del PSOE y de la exigencia de los partidos independentistas, hace dos años de la aprobación de la ley de amnistía, que a pesar de que se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y tiene el aval del Tribunal Constitucional, una parte de sus destinatarios continúan esperando que se les aplique, cuando es una norma plenamente vigente.El debate sobre la amnistía fue intenso. Durante meses se discutió si era conveniente, oportuna y justa. Se cuestionó su constitucionalidad y se presentaron recursos para intentar impedir su entrada en vigor. Todo esto se podría considerar que forma parte del legítimo juego democrático. Pero una vez el Congreso aprobó la ley y el Constitucional validó los aspectos esenciales, cualquier discusión sobre su legitimidad jurídica debería haber quedado resuelta, pero el Tribunal Supremo ha mantenido el pulso para no aplicar la ley, estirando el chicle de la malversación hasta el punto de sostener que hubo un enriquecimiento personal, aunque todo el mundo sabe que no hubo apropiación de recursos públicos, ni enriquecimiento personal, ni ningún beneficio económico individual.Dos años después de la ley de amnistía, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Lluís Puig y Toni Comín continúan sin ver reconocidos plenamente los efectos de la norma. En el caso de los exiliados, que ni siquiera han sido juzgados ni condenados, el Tribunal Supremo ya ha descartado aplicarles la amnistía. En el caso de los dirigentes que fueron condenados, el mismo tribunal ha optado por aplazar indefinidamente la decisión con el argumento de que hay que ver el pronunciamiento, que hace meses que se espera, de las instancias europeas sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Y de esta manera, quien días pasa, años empuja.La sala de lo penal del Tribunal Supremo y buena parte de las élites del poder judicial no han digerido que la sentencia del juicio del Procés pueda acabar en papel mojado. Lo viven como una humillación institucional y ya han dejado claro que retorcerán la interpretación de la ley de amnistía hasta hacerle decir lo contrario de lo que está escrito. La interpretación que hacen es tan forzada que incluso alguna magistrada hizo un voto particular discrepante abiertamente y pidiendo que se aplique la ley. El pecado original de la amnistía es que deja en papel mojado una sentencia que había sido presentada como la respuesta definitiva del Estado al reto independentista, y la decisión del legislador altera aquel relato y abre una nueva etapa política que algunos no parecen dispuestos a aceptar. La consecuencia de esto es preocupante porque el Tribunal Supremo actúa como un contrapoder, como si tuviera capacidad para decidir qué leyes merecen ser aplicadas y cuáles pueden ser sometidas a una reinterpretación permanente hasta hacerlas inoperantes. Es una actitud que desborda las funciones propias del poder judicial y que erosiona uno de los fundamentos básicos de cualquier democracia: el respeto a la voluntad expresada por los representantes de la ciudadanía.Cuando un tribunal deja de aplicar una ley porque no comparte sus efectos, el problema ya no es jurídico sino político. La obstinación para que Puigdemont no pueda volver del exilio sin pasar por la prisión y para que Junqueras y el resto de dirigentes continúen inhabilitados deja muy claro que una parte del poder judicial prioriza su ideología a su deber de aplicar las leyes. Bloquear la amnistía con pretextos que no tienen fundamento es, sin tapujos, una manifestación de autoritarismo incompatible con las reglas elementales del estado de derecho.Pero tan grave como esto es el silencio de muchos responsables políticos. Demasiados dirigentes parecen cómodos con una situación en la que las leyes solo son exigibles cuando coinciden con sus preferencias ideológicas. Cuando el estado de derecho es un instrumento para perseguir adversarios y no una garantía para proteger derechos es un estado de derecho de cartón piedra. Y esta es una anomalía que trasciende el independentismo. Porque cuando una democracia permite que sus tribunales desobedezcan el espíritu y la finalidad de una ley aprobada por la cámara parlamentaria y validada por el Constitucional, el perjuicio no es solo para los afectados. El perjuicio es para la democracia misma.
