¿La antigüedad debe decidir los equipos docentes?
La educación es hoy un sistema tan complejo como determinante para nuestro futuro colectivo. En las aulas se concentran desigualdades, expectativas cambiantes y decisiones que marcarán trayectorias de vida. Pero la complejidad no es sólo lo que entra por la puerta: también es la forma en que el sistema se organiza para responder.
Un centro sólo puede funcionar si ofrece coherencia. Si ante un conflicto o familia desconfiada el mensaje es compartido. Si existen criterios comunes. Si hay proyecto. Sin alineamiento, cada situación se resuelve de forma aislada. Los mensajes se contradicen, la confianza se debilita y la complejidad se hace ingobernable. La coherencia frente a la complejidad no depende sólo del talento individual: depende de la capacidad de construir equipos estables con liderazgo compartido. Y ahí hay una pieza que apenas se cuestiona: el sistema de asignación docente.
Hoy en día los docentes se asignan sobre todo por antigüedad administrativa dentro de la bolsa. Más años equivalen a más puntos, independientemente del encaje en el proyecto del centro o de la contribución real al equipo. Hace pocos días, en estas mismas páginas, Clam Educatiu hablaba de "El tabú de la escuela pública: escoger docentesEl debate, a menudo, se formula en términos de derechos individuales versus riesgo de arbitrariedad. Pero la cuestión de fondo es más profunda: ¿cómo se construyen equipos capaces de sostener un proyecto educativo en un entorno de alta complejidad? ¿No se trata de oponer derechos laborales y autonomía de centro, sino de preguntarnos si el modelo actual permite gobernar bien los centros.
El sistema vigente protege ante posibles arbitrariedades. Y esa protección es necesaria. El riesgo de un mal juicio o de una decisión injusta existe y debe controlarse. Pero la forma en que hoy lo hacemos, ignorando prácticamente cualquier información sobre el encaje de los docentes con los centros, es una respuesta demasiado drástica. Al querer eliminar completamente ese riesgo, el sistema renuncia también a utilizar información que podría ayudar a consolidar equipos y proyectos educativos sólidos. El reto no es elegir entre garantías laborales o calidad institucional, sino diseñar mecanismos que permitan proteger a las primeras mientras reforzamos la segunda.
En este contexto, las decisiones recientes que limitan la creación de nuevos perfiles docentes y reducen el uso de entrevistas en el proceso de asignación muestran hasta qué punto el sistema sigue priorizando la centralización y la homogeneidad por encima de la capacidad de los centros de articular equipos coherentes con su proyecto educativo. Más allá de las razones administrativas que las expliquen, estas decisiones vuelven a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué margen real tienen los centros para construir los equipos que necesitan?
Un centro puede invertir años en formar docentes, en integrarlos en una estrategia coherente, en crear una cultura profesional compartida. Y puede perderlos al año siguiente porque otras personas acumulan más puntos por antigüedad en el sistema. El resultado no es sólo rotación: es fragilidad estructural. Con los años, esto erosiona el talento. Las personas vocacionales que necesitan entornos con capacidad real de proyecto se frustran ante la falta de estabilidad y coordinación. Y el sistema se debilita. Sin equipos consolidados no existe liderazgo. Sin liderazgo no existe capacidad de afrontar la complejidad.
Está claro que la asignación de docentes a centros no es el único problema de la educación. Pero es un elemento tan complejo como decisivo, afectando mucho más que las trayectorias individuales de los docentes. La forma en que diseñamos estos mecanismos influye en la estabilidad de los equipos, en la capacidad de los centros de desarrollar proyectos educativos coherentes y, en última instancia, en la efectividad del sistema educativo en su conjunto.
Por eso vale la pena analizar cuidadosamente cómo determinados detalles institucionales pueden afectar a estos equilibrios. Existe toda una línea de investigación dedicada a estudiar sistemas de asignación ya entender cómo pequeñas variaciones en el diseño pueden mejorar la eficiencia y la equidad sin poner en riesgo las garantías laborales. Algunos de nosotros nos dedicamos precisamente a estudiar estos sistemas. Lo que falta a menudo es el espacio en el que pensar alternativas con serenidad. En sistemas complejos, pequeños ajustes institucionales pueden tener efectos muy importantes. Pero para que aparezcan es necesario dedicar tiempo a analizar el problema e imaginar opciones diferentes.
Y aquí es donde la sociedad civil puede incidir. No hablamos de grandes debates teóricos, sino de dedicar energía colectiva a pensar cómo queremos que funcione nuestro sistema educativo. Los responsables políticos, inevitablemente, responden a quien presiona. Sin participación civil, el debate queda apresado por las voces más organizadas o con intereses más inmediatos.
En este contexto, es relevante que emerjan espacios que pongan el foco en la gobernabilidad del sistema y no sólo en la defensa de intereses parciales. Clam Educatiu ha empezado a ocupar este espacio, articulando profesionales, familias y ciudadanía en torno a una idea central: situar al niño en el centro y dotar a los centros de las herramientas para construir proyectos coherentes y sostenibles. No es una reivindicación corporativa, sino una apuesta por reforzar la capacidad institucional del sistema educativo. Por eso he querido adherirme.
La complejidad no desaparecerá. Pero podemos decidir cómo la gobernamos. Si queremos escuelas con equipos alineados, proyectos sólidos e instituciones fuertes, debemos dedicar tiempo a pensarlas y construirlas colectivamente.