Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retorno, por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. La sesión acabó con los aplausos encendidos del ala derecha del hemiciclo, que gritaba con alegría desbordante “send them back!” (¡devuélvelos!) El espectáculo hacía pensar en un aquelarre. Como nos recuerdan diariamente los Estados Unidos de Trump, los aquelarres contemporáneos empiezan a ocurrir también, o sobre todo, dentro de las mismas instituciones democráticas. ¿Pero qué celebraban, exactamente?En el ámbito político, la aprobación del reglamento representa la victoria de aquellos que defendían una política migratoria “más dura”, que hoy en día es sinónimo de iliberal. En mayo de 2024, pocas semanas después de la aprobación del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, diecisiete estados europeos firmaron una carta donde se pedían soluciones “innovadoras” y “cambios de paradigma”, especialmente para facilitar y acelerar las deportaciones. Dos años después, con la aprobación del Reglamento, estas propuestas, que hasta hace poco la misma Comisión Europea consideraba contrarias al derecho de la UE, se han hecho realidad.En términos de medidas concretes, el Reglamento de Retorno representa una aceleración de una tendencia que se viene consolidando desde hace tiempo: operaciones de detección dentro del territorio de la UE, amplios periodos de detención (que pasan de seis meses a dos años, prorrogables), detención y deportación de menores, deportaciones forzosas en una amplia gama de casos, penalización por falta de cooperación (también de aquellas personas legalmente no deportables) y prohibiciones de entrada que pueden llegar a los 10 años o más.
La detección dentro del territorio no es un tema menor: puede implicar controles de identidad en el espacio público, inspecciones laborales con un enfoque migratorio, registros domiciliarios e intervenciones en locales de asociaciones que ayudan a las personas migrantes o, incluso, en centros sanitarios. Igual que en el pacto, son disposiciones deliberadamente vagas que abren un marco de posibilidades para que las utilicen, en un grado u otro, cada uno de los estados miembros.Pero la medida estrella del reglamento, al menos mediáticamente, son los llamados return hubs (centros de retorno). Hasta ahora, una persona solo podía ser deportada a su propio país, a un país por el cual hubiera pasado o al cual hubiera aceptado explícitamente ir. Con el reglamento se abre la posibilidad de que las personas puedan ser deportadas a cualquier país que simplemente acepte acogerlas. Los partidos contrarios a estos centros los definen como “pequeños guantánamos europeos fuera de todo control”. La extrema derecha, en palabras del eurodiputado sueco Charlie Weimers, espera que acaben siendo “big beautiful” (grandes y bonitos) centros de deportación. Los adjetivos, sin duda, son tomados de Trump.El reglamento ya está aprobado, pero todavía quedan muchas dudas. La principal sigue siendo el cumplimiento de la legalidad. Tal como advirtió la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, aunque los centros de retorno no son totalmente ilegales, las garantías exigidas por el derecho de la UE y el derecho internacional son tan estrictas que en la práctica seguirá siendo difícil que alguien pueda ser transferido de manera legal. Dicho en otros términos, la única manera de que estos centros puedan funcionar es con un escrutinio legal limitado o prácticamente inexistente.
De ahí que la presidencia polaca del Consejo señalase en febrero de 2025 que el enfoque preferido eran las soluciones de carácter informal que “evitaran el escrutinio judicial”. Es una estrategia que no es nueva: el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (2016) fue formalmente una “nota de prensa”, con lo cual el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (2017) se declaró incompetente para valorarlo. La distancia física, con países considerados remotos y fuera del escrutinio público y judicial, se espera que haga el resto.Si bien el Reglamento ha sido aprobado, el final de esta historia aún está por escribir. Mucho dependerá de la capacidad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a través de la movilización social y la litigación estratégica. Es un camino difícil, largo y que demanda muchos recursos, pero que hasta ahora también ha ido acompañado de ciertos éxitos. El poder judicial y su capacidad de mantenerse independiente serán claves, también.De lo que sí que podemos estar seguros es que nos adentramos en un mundo de creciente vigilancia y control donde las comunidades racializadas se llevarán la peor parte. Así es como el aquelarre de las deportaciones puede acabar saltando de los parlamentos a la calle, a los lugares de trabajo, a los domicilios o a las iglesias. No es ciencia ficción. El ICE de Trump y las imágenes de ciudades insurgentes como Minneapolis son la prueba (eso sí, distópica) de que ya lo tenemos aquí.
