A menudo escribo en estas líneas sobre lo difícil que es pedir una ayuda o una prestación social para aquellas personas que lo necesitan. Para muchos ciudadanos, las cargas burocráticas son un obstáculo cotidiano en sus vidas. Y comienzan a protestar cada vez con más fuerza. Lo hemos visto con los cortes de carreteras de los agricultores, pero también con las quejas desde las universidades o las escuelas. Una burocracia que nos ahoga y que quienes la padecen no acaban de entender: ¿qué necesidad hay de tantos papeles, procedimientos, lenguaje incomprensible y esperas eternas?
Uno de los campos en los que la burocracia se justifica por una razón noble –evitar la corrupción– es la contratación pública. Esta supone casi el 20% del PIB del Estado, y es el mercado donde las empresas privadas compiten para proveer al sector público de obras, productos o servicios. Esto nos beneficia a todos, ya que podemos conseguir calidad a menor coste. Pero la opacidad del sistema hace que no se compita tanto como sería deseable. De hecho, la contratación pública representa el 50% de las investigaciones de la Oficina Antifraude de Catalunya.
Un ejemplo son los contratos menores. Con menos de un año de duración, cantidades que no pueden superar los 15.000 euros en servicios o suministros, o 40.000 euros en obras, son parte importante de la contratación pública. Se pueden tramitar de forma más rápida y simplificada que los contratos más cuantiosos, adjudicando directamente, aunque se recomienda solicitar al menos tres ofertas. Estos contratos implican varios problemas. Pese a que la ley no lo permita, a menudo se trocean contratos más grandes en menores, para no tener que hacer un concurso público. Hay casos de empresas que recibieron más de un contrato menor por parte de la propia administración en un solo día –¡incluso 13 contratos por un total de 83.000 euros!– Y casi el 10% de las adjudicaciones de suministros y servicios se acumulan en los 14.999,99 euros. Qué casualidad.
Pero más allá de casos anecdóticos, o de sorprendernos de tanta coincidencia en los precios de servicios y productos tan dispares, debemos preguntarnos por qué muchos de estos contratos no son de mayor cuantía, y por qué no se otorgan con procedimientos más transparentes. Podemos pensar que es por el interés del sector público, que quiere beneficiar a algunos empresarios. O por las propias empresas, que quieren enriquecerse a base de contratos de poco más de 10.000 euros. Pero es poco probable que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los más de 8.000 municipios del Estado hagan ese uso –y abuso– de los contratos menores para generar tramas corruptas.
Un contrato público de más de 15.000 euros para las empresas proveedoras de servicios supone entrar en un concurso abierto que tarda de media unos seis meses en adjudicarse, sin contar el tiempo que lleva redactar las bases de contratación. Casi un año de diferencia entre la necesidad que tiene el sector público y el momento en el que, después de toneladas de papeleo, la empresa puede ponerse a trabajar.
Se han producido avances en la ley de contratación pública. Por ejemplo, en 2022 se aprobó la Estrategia de Mejora de la Contratación Pública Catalana. Pero todavía nos queda mucho por ganar en agilidad y transparencia. El miedo y la sospecha llenan de regulaciones el sistema, y lo ralentizan, y lo paralizan. Y se multiplican las trabas burocráticas, como obstáculos que no necesariamente garantizan la ausencia de corruptelas. El resultado es que no tenemos menos corrupción pero sí más burocracia.
