Una protesta por la regularización de personas migrantes en Madrid. EFE
12/04/2026
Profesora de derecho constitucional en la UB
3 min

Con motivo de la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno, comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco han planteado que se incluya la realización de un número determinado de horas para el aprendizaje de la lengua catalana o de la lengua vasca como requisito para las futuras renovaciones.Los territorios con una lengua propia, como Cataluña, afrontan el reto de mantener viva una lengua cuyo uso disminuye, especialmente en el área metropolitana y entre la población joven. Ante esta realidad, se sitúa la inmigración como la principal responsable y, en consecuencia, sobre ella recaen muchas de las políticas destinadas a fomentar su aprendizaje. No obstante, aquí conviene aclarar diversas cuestiones. En primer lugar, el uso de la lengua disminuye porque también disminuye su transmisión como lengua materna: demográficamente hay menos catalanohablantes de lengua inicial en números absolutos. Otro de los elementos a tener en cuenta es la diferencia entre el conocimiento de la lengua y su uso social y cotidiano. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos, el 93% de la población mayor de 15 años entiende el catalán y el 80% lo sabe hablar. Estos datos muestran que el catalán es una lengua viva desde el punto de vista de su conocimiento y que la política de lengua vehicular en las escuelas garantiza con bastante éxito que las nuevas generaciones alcancen la competencia lingüística, y pueden potencialmente comunicarse en catalán. No obstante, los problemas se encuentran en el uso social y cotidiano de la lengua, porque solo un 36% de las personas la tienen como lengua habitual.

La pregunta que surge entonces es por qué, si el problema es el uso de la lengua, el foco se pone en el conocimiento y, concretamente, en las personas en situación administrativa irregular. Los procesos migratorios más recientes afectan el uso social del catalán a la baja, pero no se pueden dejar de lado otros elementos como el conocimiento real de la lengua por parte del conjunto de la población.Resulta como mínimo ingenuo pensar que está a manos de la inmigración en situación irregular aumentar el uso cotidiano del catalán y que los cursos vinculados a las renovaciones constituyen una política efectiva. En primer lugar, porque un curso de pocas horas no permite alcanzar un nivel suficiente para utilizar la lengua con normalidad en la vida diaria. Si las personas no han necesitado el catalán para relacionarse o para trabajar, difícilmente será un curso el que transforme esta realidad. Pero, sobre todo, porque el problema central del catalán no es que la población migrante irregular lo desconozca, sino que una parte importante de la población que tiene la competencia lingüística no lo usa. En esta dirección, parece más razonable y útil centrar las políticas públicas en aquellos colectivos que ya conocen la lengua pero que no la emplean en su vida cotidiana. Continuar dirigiendo de manera insistente las políticas hacia la población más vulnerable, y obligarla a hacer cursos, parece más un castigo que una política útil, y concentra los esfuerzos en un ámbito que difícilmente resolverá el verdadero problema: la disminución del uso del catalán.

En esta ecuación también hay que tener en cuenta las condiciones en que se aprende una lengua en un contexto marcado por el proceso migratorio y la posición predominante del castellano. Aprender la lengua requiere un sistema de cursos accesible, y la gratuidad se extiende únicamente hasta el nivel A2; además, los horarios resultan incompatibles con la vida laboral. La experiencia de las personas migrantes demuestra que no es hasta que consiguen superar la precariedad laboral que pueden estudiar catalán más allá del nivel básico que se pide para el arraigo.Sin embargo, el aprendizaje de una lengua es un proceso bidireccional y social. Es decir, requiere el contacto con la población catalanohablante y, por tanto, implica una corresponsabilidad por parte de quien ya utiliza la lengua. Los programas que fomentan la interacción lingüística aportan mucho más que la obligación de seguir un curso. Por otra parte, la realidad lingüística del entorno es determinante. No podemos pasar por alto una realidad clara: el uso del catalán entre la población inmigrante es significativamente más alto en las zonas del interior que en Barcelona. La razón es simple: en estos municipios el catalán continúa siendo la lengua de uso cotidiano y es en este contexto donde las personas migrantes lo incorporan con más facilidad.En conclusión, las políticas lingüísticas deberían girar en torno a dos preguntas clave: por qué muchas personas que saben catalán no lo utilizan en su vida cotidiana, y qué uso hacen las personas con lengua materna no catalana en áreas donde el catalán tiene un uso social más elevado. En definitiva, se trata de reorientar las políticas hacia los colectivos que realmente pueden contribuir a mantener viva la lengua porque tienen plena capacidad para hacerlo.

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