Contra el catalán, en Alicante
Superados aparentemente los problemas políticos del último medio año largo, Mazón y su gobierno siguen adelante con su agenda reaccionaria, con el agravante de que la extrema derecha de Vox se ha convertido en su socio para la aprobación de presupuestos y por tanto dependen más que nunca. Mazón y su ejecutivo, eso sí, han logrado ser readmitidos en la foto del Partido Popular por la puerta grande, y su catastrófica obra de gobierno, que tiene el máximo exponente en los 227 fallecidos de la DANA, es reivindicada por Feijóo con orgullo mientras ventila responsabilidades, como es de manual, hacia el gobierno español.
Una de las prioridades compartidas por el PP y por Vox es la ofensiva sin contemplaciones contra la escuela pública y la enseñanza en catalán, o en valenciano. El conseller de Educació, José Antonio Rovira, fracasó con la encuesta a las familias del pasado mes de marzo, ya que –contra lo que esperaban él, Mazón y los socios de Vox– salió ganadora la opción de la enseñanza en valenciano. Sin embargo, esto no les desanima de aplicar su rodillo contra la lengua, una obsesión ultranacionalista que se traduce en una política xenófoba contra la lengua propia de los valencianos. El último episodio de esta historia desventurada es el consentimiento que ha dado el alcalde de Alicante, Luis Barcala –PP– a la exigencia de Vox de considerar Alicante zona castellanohablante, para hacer residual la enseñanza del y en valenciano.
Alicante no es zona castellanohablante ni lo ha sido nunca. Las famosas zonas castellanohablantes del País Valenciano son ocho comarcas con una gran mayoría o la totalidad de pueblos en los que se habla castellano, fronterizas con Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia: la Cuenca del Mijares, el Alto Palancia, los Serranos, el Rincón de Ademuz, la Plana de Utial, la Llanura de Utiel, la Plana de Utiel Navarro. La ley de uso y enseñanza del valenciano, de 1983, incluyó para estas comarcas una exención para que los hijos de estas familias estudiaran en castellano. La exención era supuestamente transitoria, pero todavía hoy se aplica tal y como se aprobó hace cuarenta y dos años.
Podemos discutir si esa exención fue o no un error, pero en cualquier caso no es de aplicación a la realidad de Alicante, donde el castellano es mayoritario pero sin que esto justifique su consideración como zona castellanohablante. Sin embargo, Rovira, Mazón y sus socios de gobierno están decididos a echar por el derecho y hacer todo lo posible para que llegue a serlo.
Podemos añadir a esta noticia la apertura del período de matriculación en Baleares, con la opción de marcar la casilla para elegir el castellano como lengua vehicular, también en aplicación de los acuerdos presupuestarios con Vox. No piensan aflojar en la cruzada lingüicida, con la colaboración activa de los dirigentes del PP, catalanohablantes. Hay que insistir en que lo que le ocurra al catalán en la Comunidad Valenciana y en Baleares le pasa también a la lengua en su conjunto. Y son duros de contrarrestar a los gobernantes dispuestos a negar la realidad ya cambiar las normas durante el juego.