El catalán y la convivencia, dos puntales irrenunciables

Los que hace años tienen ganas de convertir la lengua en un elemento de confrontación se están frotando las manos otra vez. Cada vez que hay una bronca, salen ganando. Lo mismo da que esté en juego la convivencia en una escuela y, por lo tanto, la educación de unos niños. Lo mismo da que, a pesar del profundo desacuerdo con el acorralamiento judicial de la inmersión lingüística, avalada por su éxito educativo y convivencial, los centros directamente afectados, como por ejemplo la Escola Turó del Drac de Canet de Mar, cumplan las disposiciones exigidas.

Convertir dos lamentables tuits a remolque de la obligatoriedad del 25% de las clases en castellano en P5 en una supuesta oleada de odio contra el castellano y contra España es una manipulación grosera. Hay que repetirlo y decirlo muy alto: no hay ningún problema de convivencia lingüística en Catalunya, y todavía menos en la escuela. No hay, ni mucho menos, discriminación del castellano. Hay retroceso del uso del catalán. Sobre el papel hay discriminación positiva del catalán en la escuela (la inmersión), una ley que, aun así, en la práctica se aplica a medias.

Ante esto, es ofensivo e indignante tener que oír al líder del PP, Pablo Casado, exigiendo al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que actúe "contra la Generalitat y los violentos". ¿Qué violentos? ¿De qué habla? Y ya no digamos lo que han llegado a afirmar los representantes de Cs y Vox, en una espiral demencial que pretende crear un clima de persecución, como si Catalunya y su sistema escolar fueran un tipo de apartheid. Estamos ante una descomunal falsedad alimentada por buena parte de la prensa madrileña, de una irresponsabilidad que no se puede aceptar ni normalizar. Hace demasiados años que parece que todo vale a la hora de intentar romper chapuceramente la cohesión social catalana. En 2020 solo 23 familias de un total de 798.000 alumnos matriculados pidieron más castellano en las aulas, una superminoría radicalizada que no representa el sentir de un país donde una agobiante mayoría vive como una riqueza el conocimiento de catalán y castellano. Convertir a través de los tribunales estas excepciones en un problema político y social es un despropósito.

De hecho, a pesar del ruido atronador de los medios españoles, a pesar de la alteración del trabajo educativo en algunos centros, a pesar de la predisposición de la Fiscalía Provincial de Barcelona a hablar de delitos de odio, la convivencia en las escuelas de Catalunya continúa siendo ejemplar. De hecho, en la Escola Turó del Drac, tanto el profesorado como el AMPA han trabajado desde el primer momento para evitar que la polémica llegue a las aulas. Pero es igual: el objetivo indisimulado de la triple derecha ultranacionalista española es desacreditar la escuela catalana y dar la imagen de una imposición lingüística. No abandonarán esta obsesión. Hasta ahora han tenido un apoyo social escaso entre las familias, pero el aval de los tribunales, que parecen ignorar míseramente qué pasa de verdad en las escuelas, les da alas. Y altavoces no les faltan. Continuará haciendo falta, pues, tanto por parte del Govern como de todos los agentes implicados, mucha firmeza en el fondo y mucha mano izquierda en las formas para continuar defendiendo el catalán y la convivencia como dos tesoros irrenunciables.