El petróleo vuelve a tensarse. El Brent se mueve en la zona de los 110 dólares y ha llegado a rozar los 120. No es un pico puntual. Es un salto que puede permanecer meses.
El gas acompaña. No está en los niveles extremos de 2022, pero ha repuntado con fuerza en las últimas semanas y sigue claramente por encima de los precios previos a la crisis energética.
Con ese escenario, la inflación tiene un problema. No es inmediato. No hay un salto brusco. Pero sí una clara deriva al alza. La energía pesa directamente en torno al 10% del IPC, pero su efecto real es mucho mayor. Afecta al transporte, a la producción, a la cadena alimentaria. Se filtra por toda la economía.
Si el petróleo se mantiene en el entorno de los 110–120 dólares y el gas en niveles elevados como los actuales, el impacto adicional sobre la inflación en España puede situarse entre 1 y 2 puntos porcentuales en los próximos meses. Es decir, irnos a niveles de 4-5% de inflación. No solo por el efecto directo, sino por su arrastre. La llamada inflación de segunda vuelta.
Ante eso, el Gobierno reacciona como ya hizo: bajando impuestos y amortiguando precios. IVA reducido en electricidad y gas. Ajustes en hidrocarburos. Rebaja del impuesto eléctrico. Medidas rápidas. Directas. Eficaces a corto plazo.
Si se trasladan realmente al consumidor (que no siempre ocurre), pueden recortar entre 0,7 y 1,2 puntos de inflación durante su vigencia. Es decir, neutralizan una parte relevante del impacto energético.
Pero no lo eliminan. Actúan sobre el precio final, no sobre el coste. La energía sigue siendo cara. Simplemente alguien paga la diferencia. Y ese alguien es el Estado.
El coste agregado de estas medidas se sitúa en el orden de varios miles de millones de euros en pocos meses. No es una cifra menor para un efecto acotado en el tiempo. Cada décima de inflación que se contiene tiene un coste fiscal elevado.
Por tanto, no estamos reduciendo la inflación. Estamos comprándola con los impuestos que pagamos. Estamos trasladando parte del aumento de precios desde los consumidores hacia las cuentas públicas. El IPC baja. Pero el déficit sube o, como mínimo, se tensiona.
Funcionó en el 2022. Evitó un shock mayor. Protegió rentas. Ganó tiempo. Pero tiene fecha de caducidad. Pero no se puede sostener indefinidamente.
La inflación no desaparece. Se desplaza. Del ticket de la compra al presupuesto público. Como medida rápida de contención está bien: cerramos la herida, pero la hemorragia sigue.
Comprar inflación con dinero de todos tiene un límite.
