La derecha ultranacionalista española, es decir PP y Vox, y todo su constructivo entorno mediático, llevan días alterados a causa del informe de la ONU que critica las denominadas “leyes de concordia” impulsadas por distintos gobiernos autonómicos comandados por estos dos partidos. Más que criticarlas, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas lo que hace es describir la verdadera intención detrás de estas leyes, que no es otra que desactivar los trabajos de memoria histórica y dejar sin efecto la vigente ley de memoria democrática. De acuerdo con su informe, lo que buscan las leyes de PP y Vox es "invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial franquista, que omiten nombrar o condenar". Como consecuencia, ponen también en riesgo que el estado español cumpla con la legislación internacional en materia de preservación de la memoria histórica, especialmente en aquellos países donde se han cometido las mencionadas graves violaciones de los derechos humanos.
El informe se refiere a los gobiernos de Aragón, País Valenciano y Castilla y León. En Baleares van algo más atrasados, y de momento se ha ratificado el acuerdo entre PP y Vox para derogar la ley de memoria histórica aprobada en el 2018, durante el primer mandato de Francina Armengol, después de que Vox presentara la proposición para llevar adelante esta derogación, acompañada de una exposición de motivos que es un refrito de las falsedades divulgadas por autodenominados historiadores revisionistas, de ideología ultra. En cualquier caso, ni PP ni Vox han ahorrado artillería –nunca mejor dicho– a la hora de defender sus leyes para proteger la impunidad de los fascistas. Han salido Feijóo y Abascal a defenderlas (el nacionalcatolicismo tiene tendencia a poner el grito en el cielo) y por varios medios han acusado a la ONU, directamente, de mentir. Como era habitual también con el franquismo, el adversario (el enemigo, para ellos) es denigrado mediante la difamación. Así, primero dijeron que el informe de la ONU incluía mentiras (bulos, la palabra de moda del lenguaje político español), y después, que quienes difundían mentiras a expensas de la ONU eran el ministro Bolaños y el PSOE. En fin, la máquina del fango, o el ventilador de mierda, habitual de esa gente.
El paro y retroceso de las leyes y trabajos de memoria histórica es una exigencia de Vox a la que se ha adherido el PP con la más complacida de las diligencias. El uso espurio que hacen, en este ámbito, de la palabra concordia, es el mismo que llevan mucho tiempo perpetrando, en enunciados más amplios, con la palabra libertad: vacían de significado estas grandes palabras, y las vuelven a llenar cínicamente con lo que más conviene. En este caso, la vindicación de la obra de tortura, asesinato, violación y rapiña que los fascistas llevaron a cabo sobre la población durante la Guerra Civil y toda la dictadura franquista. El PP nunca ha llegado a condenar estos crímenes, y Vox los considera justificados. Su idea de concordia es que los perdedores nunca salgan de las fosas comunes.
