El coste de la vida: un tabú

Cada vez que sube el salario mínimo aparece en la prensa económica de Madrid algún grito de alarma sobre el daño que hace la medida en buena parte de las provincias del Estado. Los artículos se basan en mapas que comparan el salario mínimo y el salario medio por provincia. Me gustan estas comparaciones porque tratan el tema más tabú en la tensión entre los argumentos económicos y los políticos. El salario mínimo es uniforme para toda España, y encarece excesivamente el trabajo en las provincias y comunidades autónomas con los niveles salariales más bajos, hasta el punto de que la diferencia entre salario mínimo y salario medio es pequeña. En cambio, en las provincias donde los salarios medios son altos, los cambios en los salarios mínimos afectan a pequeñas proporciones de trabajadores. Estos artículos reclaman –y lo comparto– una revisión del salario mínimo diferenciada por niveles de renta o, por ser más exactos, por el coste de la vida. Pero ese mismo argumento no lo aplican a la distribución de la financiación autonómica. Sin embargo, me gustan porque el coste de la vida es un tema innumerable –un verdadero tabú– que ayudan a romper.

Cuando desde Cataluña, y desde otras comunidades autónomas, hay quejas sobre el maltrato fiscal, especialmente cuando se presta atención al sistema de financiación autonómica, cabe preguntarse si se tienen en cuenta las diferencias en el coste de la vida, que sería la medida más lógica para comparar la capacidad adquisitiva de los fondos de que dispone cada comunidad autónoma. La respuesta es que no. Todos los ciudadanos españoles son iguales y todos deben tener derecho a los mismos euros. Pero si cada euro tiene una capacidad de compra diferente, esto comporta que los euros destinados a un territorio tienen mucha más o menos capacidad adquisitiva de bienes y servicios que los de otros territorios. Por último, los recursos públicos pagan sueldos, pagan bienes, pagan abastecimientos, pagan servicios, y todos estos son completamente sensibles a las diferencias territoriales en el coste de la vida.

Curiosamente, al introducir en el modelo de financiación autonómica el criterio de la población ajustada se desmonta el criterio de igualdad y se despliega toda una letanía de diferencias en la igualdad de los ciudadanos, que son muy respetables pero que son muy opinables por arbitrarias. La diferencia esencial cuando se trata de repartir recursos públicos es tener en cuenta la diferencia en el coste de la vida. Si no, que pregunten a los funcionarios estatales destinados a comunidades distintas, pero con el mismo sueldo, donde prefieren estar. Ellos y ellas tienen muy claro cuáles son los destinos donde el mismo sueldo se estira más en capacidad adquisitiva y dónde se encoge más. Cataluña es una de estas. Una parte significativa, pero difícil de medir, de la infrafinanciación de la Generalidad de Cataluña deriva de este factor: no tener en cuenta las diferencias territoriales en el coste de la vida.

La tensión que representa el tabú del coste de la vida es tanta en las políticas estatales que el INE no lo publica cuando, en cambio, lo calcula. Los índices del coste de la vida que se calculan y publican con carácter oficial ya escala autonómica y provincial, y que tienen prácticas repercusiones en la revalorización de sueldos y pensiones, no permiten comparar el coste de la vida entre territorios. Parece increíble, pero es así. Sólo permiten comparar las tasas de crecimiento de los precios entre territorios pero no sabemos cuáles son las diferencias en el coste de la vida. Por decirlo lisa y llanamente: es un escándalo. Contradice la sacrosanta igualdad entre los ciudadanos. La información estadística recogida permite calcular esta comparación y el INE lo hace, pero no se publica porque debe considerarse políticamente tan explosiva como la publicación de las balanzas fiscales, si no más. La publicación oficial del coste de la vida por comunidades autónomas debería ser una reivindicación similar a la de conocer las balanzas fiscales. Debería ser posible ajustar los ingresos a disposición de las comunidades autónomas al coste de la vida.

Las estimaciones hechas por investigadores académicos –que existen pero carecen de valor legal ni político– apuntan a que se trata de diferencias importantes, que podrían modificar los recursos disponibles en cantidades y proporciones muy significativas. En lugar de por “poblaciones ajustadas”, la financiación autonómica debería ajustarse por lo que se ajusta el dinero disponible en diferentes territorios: el coste de la vida. Conviene recordar que este ajuste lo hace el sector privado de forma rutinaria, sin dudarlo, y que el propio sector público estatal lo hace con toda naturalidad para ajustar cuánto debe pagar a sus funcionarios y empleados que trabajan fuera del Estado . A menudo la negativa a tener en cuenta el coste de la vida se justifica en que esto no se hace en ningún país. Pero no es cierto, y justamente la fijación del salario mínimo nos lo recuerda. Hay países que sí diferencian los salarios mínimos por territorios, empezando por Estados Unidos.