¿Quién tiene que activar la alarma?

Este artículo va sobre el caso Montoro, aunque partiendo de una perspectiva un poco distinta. Por eso quisiera empezarlo abriendo un prudente paréntesis en forma de duda. El hecho de que un caso que tiene un montón de años, más de una década, se haya hecho público inmediatamente después de otro caso muy grave de corrupción que afectaba al gobierno de Pedro Sánchez, ¿hay que atribuirlo a la casualidad? Y el hecho de que –por poner solo un ejemplo– un diario afín al actual gobierno del PSOE titulara en portada el pasado domingo "El caso del exministro del PP reequilibra la batalla política", ¿hay que considerarlo una mera interpretación periodística o bien una prescripción programática? Cierro el paréntesis.

Del caso Montoro se investiga si, como exministro de Hacienda, benefició ilegalmente a empresas gasistas y de otros sectores. Se lo imputa por haber usado presuntamente su posición con la intención de crear leyes favorables a clientes de Equipo Económico, el despacho de abogados que él mismo fundó. En cambio, no se ha subrayado demasiado la existencia de una lista de personas particulares perjudicadas. Van desde adversarios políticos como Juan Carlos Monedero hasta gente de su propio partido como Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato, pasando por famosos como Rafa Nadal o la baronesa Thyssen. También se ha hablado, pero como si de un hecho sin importancia se tratara, de que ya en el 2015 se preguntó a Montoro por su relación con Equipo Económico, y él se limitó a responder que, a pesar de haberlo fundado, no tenía ni idea. Así pues, ¿cómo puede ser que la Fiscalía, la policía, personas influyentes y relevantes, periodistas de prestigio, etc. supieran que, como mínimo, pasaba algo y no dijeran nada de nada? Y esto nos lleva a la pregunta que da título a este artículo: ¿quién tiene que activar la alarma en un caso como este? Y a otra: ¿ahora quién debe responsabilizarse de las consecuencias de esta omisión, así como de haberla dado por cerrada de repente e inmediatamente después del caso Cerdán?

Al fondo del escenario, una institución que da mucho miedo: Hacienda. Incluso sin haber cometido ninguna irregularidad, a un ciudadano cualquiera le pueden hacer una paralela un año sí y otro también hasta localizar esos quince céntimos de euro que no declaró... Esta es una de las claves del sainete: la falta de contrapesos institucionales o su debilitamiento puede tener consecuencias en la funcionalidad del sistema. Es el caso de Hacienda, donde cualquier error puede interpretarse facultativamente como un intento de fraude. Es evidente que si no fuera así todo el mundo contaría la misma historia del error, por supuesto. Este callejón sin salida es el que hace que las amenazas de un individuo como Montoro carezcan de un contrapeso efectivo. Y no solo Montoro: cuando Borrell quiso asustar al personal por medio de la cantante Lola Flores, nadie se atrevió a insinuar que hay –digamos– defraudadores ideales para llevar a cabo un escarmiento y otros a quienes ni siquiera se puede tocar un pelo de la ropa o una esmeralda de la corona.

La formulación más clásica e influyente de la separación de poderes, entendida como contrapeso básico, la encontramos en El espíritu de las leyes (1748) de Montesquieu, donde se afirma que toda persona que tiene poder tiende a abusar de él, y no dejará de hacerlo hasta que tropiece con límites. La clave de su planteamiento no era solo la separación de funciones, sino la interconexión y la capacidad de cada poder de frenar a los demás. La idea era que para garantizar la libertad política de los ciudadanos ninguno de los poderes pudiera concentrar una autoridad absoluta. Pues bien: la idea prepolítica más o menos tolerada de escarmiento público, mediático, que en ocasiones se ha ejercido desde ciertas instituciones como el ministerio de Hacienda de Montoro, ¿es compatible con el estado de derecho? En un caso así, ¿cuál es el contrapeso que tiene que activar la alarma? A finales de la década de los ochenta, Giovanni Sartori insistió ya en la importancia de estos contrapesos. Distinguía entre "democracia mayoritaria" y "democracia constitucional". Mientras que la primera hace hincapié en la voluntad de la mayoría, la segunda, a la que Sartori otorgaba preferencia, subraya la necesidad de limitar el poder de la mayoría para proteger los derechos de las minorías y los principios liberales. Una democracia genuina no es solo el gobierno de la mayoría, sino un sistema en el que el poder está equilibrado gracias a limitaciones constitucionales, derechos fundamentales e instituciones. La sociedad civil y los medios de comunicación son una parte importantísima de estos contrapesos, y por eso la gran fantasía de los nuevos tiranos es sustituirlos por las redes sociales.