El descrédito cotidiano de la política

Según el estudio, la burocracia es una de las principales preocupaciones de las pymes porque deben dedicarle mucho tiempo.
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Han coincidido en pocos días diversas informaciones que muestran el alto grado de incompetencia de nuestra administración pública y la impotencia de los gobiernos por hacerla funcionar. Son casos de parálisis incomprensible y de procesos burocráticos estúpidamente enrevesados ​​que provocan situaciones casi ridículas y otras de una dramática gravedad social. Y, que conste, se trata de casos que no han estado condicionados por los conflictos políticos de los últimos años, y ni siquiera parecen directamente determinados por las dificultades de financiación.

Quizás el caso más sorprendente que se ha conocido es que la administración educativa en los últimos cinco años no haya sido capaz de expedir los títulos oficiales a unos 650.000 estudiantes de ESO, bachillerato y FP, u otros como los de la Escuela Oficial de Idiomas. Eso sí, con las tasas pagadas a tiempo. Resulta que en 2020 terminó el contrato que el departamento de Educación tenía con la empresa que los imprimía, y no ha sido capaz de renovarlo. Este 2025 volverá a salir a concurso. Aparte de los inconvenientes de no tener el título oficial impreso, la constatación directa de la incompetencia administrativa que tienen los afectados, lógicamente, es trasladada a la imagen de los gestores políticos.

Mucho más dramático es el caso de los catalanes que mueren esperando recibir las ayudas a la dependencia. Entre el primero de enero de 2007 y el 30 de noviembre de este año, el número ha ascendido a 103.055. Más de 70.000 catalanes han muerto habiendo tenido reconocido el grado de dependencia, y casi otros 30.000 estaban pendientes de un proceso de una lentitud exasperante. Aquí ya no se trata sólo de la vulneración de un derecho, sino de una necesidad. Ni que decir tiene que, además de la indignación de los familiares, la desconfianza hacia la administración y el gobierno es irreparable.

Seguro que casos de trámites complejos existen en todos los terrenos. Pero es desesperante que a pesar de reunir todas las condiciones sea necesario esperar una eternidad para conseguir el permiso de trabajo y el NIE, el número de identificación indispensable para que un extranjero, incluso con trabajo, pueda abrir una cuenta corriente, hoy en día fundamental para vivir con normalidad. Una lentitud que, además, abre sus puertas a todo tipo de irregularidades laborales, de residencia y de seguridad pública. Por no hablar del vía crucis de las ayudas prometidas con bombo y platillo para la instalación de placas solares o la compra de vehículos eléctricos. Según datos oficiales, del programa de ayudas a particulares para la instalación de energía solar iniciado en 2021, hasta ahora sólo se ha pagado el 11,39% de las concedidas. Estamos en manos de una telaraña de organismos que viven de pedirse los papeles que producen unos a otros, utilizando al ciudadano como pretexto. Y Europa no hace más que complicarlo. El descrédito de la administración pública no deja de crecer.

Y, para no alargarlo más, existe el caso grave y sangriento de las energías renovables. En un reciente informe publicado por el digital económico 5 céntimos, "Las energías renovables en Cataluña: situación actual y retos de futuro", de Jacint Enrich, Mar Reguant y Clàudia Serra, nos enteramos de que mientras en 2023 en España el 39% de la energía generada ya era eólica y solar, Cataluña sólo contribuye con un 8%. Y la causa, además de las resistencias locales y los trámites lentos y complicados que dicen los autores, añado yo las lamentables indecisiones gubernamentales. Y esto pese a que el país reúne las ventajas climáticas más favorables y la reducción de costes económicos y ambientales que suponen estas energías. Con estas cifras, ¿qué decimos en Europa sobre la capacidad de Cataluña de responder al objetivo de alcanzar el 42,5% de energía renovable en 2030? Que somos ingobernables o que tenemos unos gobiernos débiles e incompetentes. O ambas cosas.

Es habitual que a la hora de presentar los programas electorales o de debatir la acción de un gobierno, se preste atención a los debates más ideológicos ya las polarizaciones supuestamente entre derechas e izquierdas. Todo esto es relevante, por supuesto. Pero la relación preeminente que tiene un ciudadano con la administración pública y su gobierno no es a través de los debates ideológicos que explican los analistas. Creo que la falta de credibilidad de la política, la administración pública y los gobiernos no deriva de estos planes más retóricos. Discrepo del todo. Estoy convencido de que el principal descrédito de la política tiene que ver con su incompetencia, la de una administración pública hiperburocratizada al servicio de sí misma, y ​​la de la impotencia que muestran los gobiernos para hacerla funcionar. Y creo que si no se resuelve ese primer frente, los demás debates que se mantienen en un ámbito declarativo, a la mayoría de ciudadanos les parecen –con razón– ociosos.

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