El miércoles, el Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA) presentó el Acuerdo de la Sociedad Civil por la Reforma de la Administración, un manifiesto para concienciar y espolear la acción sobre la inaplazable transformación de la Administración, con 8 medidas concretas centradas en reducir trabas (digitalización, mejores trámites y normativa), una gestión eficaz y eficiente (dirección pública profesional, planificación del empleo, evaluación de políticas públicas) y ética e integridad (buen gobierno, protección del servidor público). El FERA, que ya es un foro muy plural, ha logrado impulsar el Acuerdo con una larga lista de organizaciones de la sociedad civil.
De las ocho medidas del acuerdo cabe destacar la dirección pública profesional, clave de vuelta de todo lo demás: hace falta alguien profesional, cualificado, con autoridad y legitimidad, con constancia y continuidad en el cargo para responsabilizarse de llevar a la práctica el grosor de la transformación La profesionalización de la dirección pública implica dos ideas básicas: que directivos y mandos sean seleccionados a través de procedimientos competitivos –no por afinidades políticas– que valoren méritos. objetivos, y que estos méritos incorporen habilidades directivas y no sólo la antigüedad o la formación generalista. En Chile lleva 20 años funcionando el Sistema de Alta Dirección Pública, que define las plazas de dirección, fija criterios de evaluación y establece mecanismos. para valorar sus resultados, separando la política de la gestión.
Aunque el amparo normativo es recomendable, no existe hoy ningún impedimento legal para impulsar una dirección pública profesional por la vía de los hechos. El problema, como ocurre a menudo, es la falta de voluntad política. En la I Cumbre contra la Corrupción, celebrada en julio de 2020 en el Parlamento, se debatieron 18 medidas para abordar causas estructurales de la corrupción. De éstas, 16 se aprobaron por unanimidad o casi, pero dos fueron rechazadas: ambas estaban vinculadas a la dirección pública profesional. La medida 12, que proponía repensar la relación entre militancia política y acceso a cargos directivos, obtuvo siete votos en blanco, cinco en contra y una abstención, reflejando la resistencia interna de los partidos en perder control sobre los nombramientos. La medida 13, que prohibía las aportaciones económicas a la financiación de los partidos por parte de directivos públicos, fue rechazada por unanimidad de abstenciones, mostrando el bloqueo estructural frente a reformas que afectan a intereses de partido.
Cuando preguntamos por los valores que deben guiar la gestión pública es fácil hacer titulares. Pero la diferencia entre valores y virtudes es que las segundas se ponen en práctica. Facta, non verba, que decían los latinos. Profesionalizar la dirección pública no es sólo una cuestión técnica o normativa, sino también y sobre todo un acto de voluntad y compromiso político. Este compromiso será creíble cuando los valores que defendamos se traduzcan en acciones reales.
