La división en el Govern sobre la defensa de la escuela: una pésima señal

Hace años que desde el mundo de la educación se exige, casi se suplica, que se deje de politizar la lengua en la escuela, se permita trabajar a los maestros y se confíe en su profesionalidad. A pesar de la persistente y terca propaganda malévola del españolismo rampante, y a pesar de la distorsión de una justicia cada vez más ajena a la realidad catalana, el mundo escolar ha sabido preservar la convivencia, es decir, ha trabajado para proteger a los chicos y chicas de la bronca partidista y para hacer que, al margen del ruido mediático, adquirieran las habilidades mínimas en catalán y castellano en el marco del sistema de inmersión. La guerra de lenguas que algunos tanto se han esforzado y se esfuerzan por hacer estallar, por suerte prácticamente no ha penetrado en los centros educativos, donde la inmersión se ha mantenido formalmente, a pesar de que en la práctica, a remolque de lo que pasa en la sociedad, se ha aplicado con evidente flexibilidad, de forma que el uso del catalán no ha retrocedido solo en los patios sino también en las aulas. En parte –solo en parte–, la escuela ha dejado de ser un reducto idiomáticamente compensador, un papel que había ejercido en los años 80 y 90 con el objetivo de dar oportunidades a los castellanoparlantes de convertirse, si querían, en ciudadanos plenamente bilingües.

Este proceso, no nada fácil, lo han llevado con mano izquierda los docentes y las familias, en el marco de reformas educativas continuas y de estrecheces económicas, y en medio de la ofensiva de una derecha nacionalista española que tiene el apoyo de los tribunales. Es en este contexto que hay que leer el nuevo episodio de Canet. Una vez más, se intenta envenenar la convivencia lingüística a partir de hechos anecdóticos que ni mucho menos representan la realidad del país ni del mundo escolar. La legítima defensa del catalán como lengua vehicular y del sistema de inmersión –siempre garantizando el aprendizaje del castellano– tendría que seguir siendo, por más que ahora lo cuestione la justicia, un pilar socialmente cohesionador, que reúna a todos los que, vengan de donde vengan y piensen lo que piensen, se sienten parte de esta sociedad plural y, con generosidad y honestidad, reconocen que el catalán está en situación de inferioridad y, por lo tanto, se merece una protección especial. Es de esperar que esta continúe siendo también la posición del PSC. Y también es de esperar que el catalanismo, que siempre se ha caracterizado por la voluntad de incorporar todas las sensibilidades y todos los bagajes culturales, actúe unido, con firmeza pero con la seducción como bandera, rehuyendo siempre la confrontación de lenguas. Por eso resulta tan extraño que, en momentos convulsos como estos, cuando los partidarios de tensar la convivencia buscan la máxima provocación, la respuesta de una parte del independentismo sea señalar culpables en casa. ¿Se merecen esta nueva división, la escuela y la lengua? A la persecución constante desde el españolismo ya estamos acostumbrados. Cuesta entender, en cambio, que la inmersión también sea objeto de batalla partidista entre los socios de un Govern que tiene en la defensa de la escuela uno de sus pilares. Es una pésima señal.