Dumping fiscal madrileño
Es cierto que hasta cierto punto el dumping fiscal se utiliza como elemento de distracción política, porque en el tema de la financiación existen otros singularidades, incluido el concierto foral, y no aparecen en el discurso político de nuestro país. Pero esto no significa que la Comunidad de Madrid de la neoconservadora Dª. Ayuso no lo haga. Madrid hace dumping fiscal, sí. Andalucía no. Tampoco Murcia. Si estas comunidades bajan sus impuestos y recaudan menos, allí ellos, porque dispondrán de menor capacidad de gasto y no podrán reclamar después las transferencias de nivelación. A cada uno el suyo. En el caso de estas otras comunidades, si utilizan su autonomía tributaria para bajar impuestos, con pérdida de recaudación en su caso, la bajada sí será real.
En cambio, Madrid hace dumping porque sabe que, siendo la capital del Estado, no tendrá que soportar en ningún caso un deterioro de los servicios públicos. Bajar impuestos le sale gratis. La recaudación está garantizada por la ubicación de bases que la capitalidad le supone, tanto de empresas como de retenciones de nóminas y rentas de funcionarios y otros patrimonios personales. No es cierto que la comunidad aporte tanto como dice Ayuso a la financiación conjunta, puesto que las bases que muestra su capacidad tributaria no son "suyas", sino resultado del centralismo exagerado con el que la administración del Estado premia a la comunidad. Que España haga como Alemania, que tiene su capital en Berlín y la ubicación de sedes en Bonn, Frankfurt o Hamburgo, y ya veremos cuál es la capacidad efectiva propia de la Comunidad de Madrid.
El debate proviene de lo que es o no una financiación justa. Debe valorarse no en términos de recursos medios nominales entre comunidades autónomas (recibir lo mismo en financiación no hace que sea "justo"), sino viendo la correspondencia entre los recursos propios que cada comunidad dedica a contribuir al conjunto y lo que el Estado les devuelve en términos reales de capacidad adquisitiva, dado su diferencial de precios.
El dumping asimétrico de Madrid, en tanto que no le genera costes fiscales, no es, como algunos dicen, resultado intrínseco de la autonomía tributaria que conlleva toda descentralización fiscal. El federalismo fiscal es cooperativo. En cambio, la competencia fiscal es propia de guerras tributarias entre estados, juegos de suma cero para intentar perjudicar al otro. Y si todos hacen igual, pueden acabar perdiendo todos. Como con los aranceles.
Es curioso que el nacionalismo español, al que no le gusta la descentralización política, se aproveche de la descentralización fiscal para poner en peligro la cohesión social y la asignación eficiente de los recursos dentro del Estado, y para atacar precisamente un estado autonómico en el que no creen. El nacionalismo español protesta en términos durísimos cuando sufre dumpinges y ve atacada la actividad económica de la "gran nación" con deslocalizaciones de empresas hacia países como Holanda o Irlanda, a los que acusa de seguir una estrategia fiscal que él mismo ejerce hipócritamente en el seno de España.
En todo caso, la actividad económica y los recursos se mueven de acuerdo con el valor de su productividad, y la fiscalidad es parte de su coste, pero debería ser marginal y no decisiva. Al menos debería serlo para aquellas comunidades que, a pesar de la fiscalidad que tenemos, disponemos de un buen capital humano, infraestructuras, capital social y talento suficiente. Las comunidades más sensibles a la presión fiscal son las que nada tienen de todo esto y se la juegan a ser paraíso fiscal de algo. Éste es el sueño arriesgado de muchas comunidades pobres. Bajar tipos para tratar de atraer bases fiscales sólo funciona si el resto de comunidades no lo hacen. Pero haciendo esto no se crean nuevas bases globales dentro del territorio, sino que se parasitan las de otra comunidad. Y previsiblemente las pobres se llevan aquí la peor parte, en especial si no tienen más que ofrecer. Su fracaso recaudatorio, proveniente de la insolidaridad interterritorial, se convierte entonces en insolidaridad personal dentro de su propia comunidad respecto a su población más frágil, un efecto que intentan mitigar con la opción liberal ideológica de tener un sector público mínimo; o, de lo contrario, convierten a este sector público en un reclamo para demandar transferencias estatales niveladoras que garanticen sus servicios básicos del estado del bienestar.