Pocos –quizás ninguno– asuntos públicos hay más importantes que la mejora del deplorable estado de la enseñanza en Cataluña. Por eso resultan preocupantes los mensajes que dedicó el presidente Illa en su discurso del lunes pasado. Fundamentalmente, concretó dos objetivos: aumentar el esfuerzo presupuestario hasta el 6% del PIB (tal como establece la vigente ley de educación de Cataluña) y construir un “consenso con los partidos y la comunidad educativa” después de un “debate nacional sobre el futuro de la educación”.¿Por qué resultan preocupantes estos dos objetivos? En primer lugar, porque la ley vigente —en el marco de la cual se ha producido este constante deterioro de los resultados educativos— ya fue producto de un consenso, el cual ya fue celebrado en su momento —el año 2009— como si garantizara algo bueno. De hecho, las únicas voces discordantes lo fueron por motivos que poquísimo tenían que ver con la calidad de la enseñanza (por parte de IC, la persistencia de un sector concertado, y por parte de la derecha, los temas lingüísticos). ¿Un nuevo consenso diagnosticará y enmendará las causas del fracaso pisando los callos que hagan falta, o, al contrario, se convertirá en un ejercicio de eludir las dificultades y dejarlo todo tal como está? Es mucho más probable lo segundo que lo primero, porque la dinámica de los consensos es normalmente pactar lo que es fácil y aparcar lo que no lo es. De hecho, el inmediato entusiasmo de Junts aceptando la propuesta del presidente así lo pone de manifiesto, dado que los partidos no se entusiasman cuando se trata de tomar decisiones que perturben el statu quo.En cuanto a aumentar los recursos presupuestarios, no se puede estar en contra, pero hay que remarcar que la evidencia empírica —tanto a escala internacional como española— pone de manifiesto que no hay ninguna relación entre gasto por alumno y resultados (para ser más concretos, la OCDE estima que sí que la hay cuando la cantidad que se destina no llega a los 75.000 dólares por alumno entre los 6 y los 15 años, pero no a partir de esta cifra, y la nuestra es muy superior a este límite). Si hubiera relación, Madrid no se situaría en resultados a la cabeza de las comunidades españolas, donde sí que se situarían el País Vasco o Extremadura. Desde el punto de vista de la equidad, un análisis llevado a cabo en España para medir el impacto del esfuerzo presupuestario sobre la “resiliencia académica” —es decir, la capacidad de los alumnos para superar el nivel que se asocia a su nivel socioeconómico— concluye que este impacto es despreciable, lo que es tanto como decir que no es de prever una mejora de los resultados de nuestros alumnos provenientes de la inmigración o de la pobreza por el solo hecho de que vertamos más dinero al sistema.En conclusión, la receta de Illa nos puede llevar perfectamente a una situación igualmente mediocre, pero mucho más cara. Eso sí, después de muchos abrazos entre los representantes de los partidos e incluso de los agentes sociales.La consejera Niubó no me entusiasma (¿cómo podría entusiasmarme si calificó de “política-ficción” la hipótesis de que los resultados de las pruebas PISA habrían sido todavía peores si los centros catalanes, en vez de excluir al 23,2% de los alumnos porque presentaban discapacidades lingüísticas, cognitivas o conductuales, se hubieran limitado a excluir al 5%?). No me entusiasma, pero debo decir que sus declaraciones en Catalunya Ràdio cuatro días antes del discurso del presidente Illa me parecen mucho más acertadas y, por tanto, prometedoras.Donde el presidente dice aumentar la dotación presupuestaria, Niubó habló de la necesidad de “reordenar el sistema antes de poner más recursos”. Donde él dice construir un consenso, ella dijo “recuperar el papel de los libros y de la lectura”, reforzar las bibliotecas escolares y “mantener la inclusión, pero poniendo más énfasis en el éxito educativo”; es decir, apuntaba a cambios concretos sin esperar a consensuarlos.¿La situación de la educación reclama más recursos y reclama consensos? Sí, pero, por encima de todo, reclama liderazgo por parte de un gobierno que proponga reformas que no gustarán a todo el mundo (¿cómo podrían gustar a todo el mundo si la excelencia siempre es el producto del esfuerzo?) y que deben suponer una ruptura con algunas prácticas que han sido impuestas en nombre de la equidad y del bienestar de los niños y que, por tanto, algunos considerarán que hay que defender con uñas y dientes.Precisamente porque el modelo actual es fruto de un consenso, modificarlo exige valentía. ¿La tendrá, el Gobierno? No lo sé, pero su ausencia se traduciría necesariamente en la mediocridad del país y en el ascenso de los partidos que se presentan como capaces de acabar con una situación que da múltiples señales de decadencia, los cuales no son precisamente los que participaron en el consenso del año 2009.
