BarcelonaLa celebración del 43º aniversario de la Constitución española confirmó lo que ya era un secreto a voces: que la tan anunciada reforma en sentido federal de la carta magna ni está ni se la espera. El PSOE, que era quien había hecho bandera de la reforma, ha decidido finalmente plegar velas viendo que no hay mayorías al Congreso ni un ambiente político propicio para encarar un debate de investidura. Pero esto no quiere decir que la Constitución no necesite reformas, más bien al contrario. Pero la derecha española, y en especial el PP, se han apuntado a la política del no a todo y mantienen bloqueada no solo la reforma constitucional, sino la elección de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, algo obligado por la ley actual. Resulta escandaloso que el PP bloquee la renovación del CGPJ para mantener, de forma ilegítima, la mayoría conservadora actual. Y más cuando se presenta como paladín del cumplimiento de la legalidad.
La situación es tan surrealista que el PP incluso se ha negado a votar un cambio puntual en la Constitución para sustituir el término "disminuido", con una carga peyorativa innegable, por el más neutro "discapacitado". Todo apunta, pues, que en los próximos dos años, al menos hasta las próximas elecciones generales, no habrá ningún pacto más en España entre gobierno y oposición, aunque sea al precio de degradar todavía más las instituciones. Mientras tanto, la Constitución va perdiendo apoyos y legitimidad, especialmente en territorios como Catalunya, donde se ve más como un símbolo de opresión después de todo lo que ha pasado de 2017 hasta aquí que como una salvaguarda de derechos fundamentales.
Una reforma de la Constitución no sería en ningún caso la panacea ni resolvería todos los problemas del Estado, pero al menos sí que serviría para mostrar que el sistema político español tiene la madurez suficiente como para abordar todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes en 1978, donde la herencia del franquismo todavía pesaba demasiado. Pero esta madurez tampoco está ni se la espera, al contrario, escuchando ciertos debates en el Congreso es imposible no ver un riesgo evidente de involución y pensar que abrir el melón de la Constitución solo serviría para hacerla más rígida y reaccionaria. El resultado de todo no puede ser más decepcionante y nos enfrenta a una realidad incuestionable: mientras haya una derecha carpetovetónica en España será imposible reformar la Constitución en un sentido federal o confederal, para asegurar derechos sociales como las pensiones o incluso para acabar con la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona. El clásico "sostenella y no enmendalla", proveniente del castellano antiguo, parece ser el emblema de España.
No hay que decir que este bloqueo dificulta cualquier salida al conflicto catalán, que necesitaría justamente una cierta ingeniería jurídica para encontrar una solución mínimamente satisfactoria. Quizás es esto justamente lo que busca el PP: taponar cualquier vía de solución a un conflicto al que le saca tanto rédito electoral.
