España se sienta en el banquillo

1. Éste es un lunes importante, judicialmente. España vivirá una sacudida política de la que se hablará durante tiempo. Se juegan mucho tanto el PP de Mazón y Ayuso como el PSOE de un Pedro Sánchez que vivirá un día clave con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo. En Valencia, Maribel Vilaplana tendrá la clave, como testigo, para aclarar minuto a minuto qué ocurrió en El Ventorro, fuera del restaurante y en el parking donde Carles Mazón le habría acompañado tras un festín del que no hemos visto la factura. La periodista, que como testigo no puede mentir, debería hoy desvelar toda la zona de oscuridad de Mazón, sobre esos 40 minutos en los que el presidente de la Generalitat Valenciana no miró el móvil y no cogió el teléfono a su consellera de Emergencias, que le llamaba con insistencia. La misma semana del funeral de estado por las 229 personas que murieron en Valencia hemos sabido que Salomé Pradas era consciente, desde las 13.56 h, de que el mayor peligro vendría por el barranco de Poio. La irresponsabilidad de no hacer lo suficiente para avisar a la gente cuando tocaba no solo debería hacer dimitir a Mazón, aunque sea un año después, aunque sea porque los gritos de los familiares de las víctimas le han removido el alma, sino que debería hacerle pagar judicialmente su pena. Podía evitar muchas muertes y estaba, por así decirlo, de sobremesa. Que él no esté ni imputado clama en el cielo.

2. Este lunes en Madrid habrá otra imagen insólita. Por primera vez, un fiscal general del Estado se sentará como acusado en un juicio. A Álvaro García Ortiz se le acusa de revelación de secretos. La instrucción previa, basada en las investigaciones de la Guardia Civil, considera que fue él quien filtró a la prensa un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid. En ese correo, el empresario reconocía haber cometido dos fraudes en Hacienda, por valor de 350.000 euros, y ofrecía un pacto de conformidad a la Fiscalía de Madrid. Es decir, la pareja de Díaz Ayuso confesaba ser un defraudador y negociaba rebajar la condena. Pero mientras González Amador es aún hora de que pague por la chorizada reconocida, para quien piden seis años de cárcel es para el fiscal. El juicio comienza este lunes en el Tribunal Supremo. Lo más sorprendente del caso es que le acusan sin tener ninguna prueba. Nadie ha encontrado el supuesto correo electrónico que García Ortiz habría pasado en la SER y en Eldiario.es. Si el fiscal lo logra, será una vez para Ayuso y otra match ball salvado para Pedro Sánchez.

3. Mientras, José Luis Ábalos continúa de diputado en el Congreso, le llaman a declarar por los casos que le salpican y, a diferencia de Santos Cerdán, no se va a prisión. Solo hay dos explicaciones posibles para que, en estos momentos, siga en libertad: o las pruebas son mucho más débiles que los indicios que creía tener la Guardia Civil a través de sus investigaciones, o bien Ábalos –y también Koldo– está pactando con la Fiscalía un acuerdo para salvarse, más o menos, a cambio de ayudar a estirar la manta. Ya lo explicó la mujer de Ábalos en televisión: conociéndole, no caerá solo. Para rebajar mucho su propia pena, ¿Ábalos cantará? Por el momento, en el circo del Senado Pedro Sánchez negó la financiación irregular del partido pero admitió que sí, que en algunas ocasiones ha recibido dinero en efectivo, siempre menos de mil euros y contra factura, por sus gastos personales. El detalle de los sobres y pagos en metálico pasó muy desapercibido, porque el periodismo decidió fijarse en el nuevo modelo de gafas que estrenaba el presidente del gobierno de España. Es lo del dedo y la luna. Y los medios, y parte de la oposición, cayeron de cuatro patas.