La factura del desorden estructural
Hemos empezado el año con una concatenación de situaciones que han puesto en evidencia las fragilidades de nuestro sistema. Las incidencias graves en Cercanías, con afectaciones masivas a la movilidad de personas y mercancías, y el episodio de este jueves de fuertes vientos han generado un escenario de incertidumbre que no puede convertirse en normalidad.
Cuando fallan infraestructuras estratégicas o se producen fenómenos meteorológicos extremos, el impacto es transversal: afecta a la movilidad, la actividad y el conjunto del país. Pero existe una diferencia entre sufrir las consecuencias y asumir su coste. Con demasiada frecuencia, este coste acaba concentrándose en la empresa, que debe absorber sobrecostes, interrupciones e, incluso, nuevas cargas normativas derivadas de situaciones que tienen un origen estructural o externo.
En los últimos días, además de los efectos directos del colapso ferroviario y de las ventoleras, muchas empresas han tenido que asumir también los costes derivados del denominado "permiso climático" previsto en el Estatuto de los Trabajadores, incorporado a raíz de la dana de Valencia.
La protección de las personas es, y debe ser, la prioridad absoluta. Nadie lo discute. Pero la forma en que articulamos esta protección importa. Cuando un instrumento pensado para responder a emergencias climáticas se aplica también a situaciones que tienen su origen en déficits de inversión y mantenimiento, como es el caso de Cercanías, se está trasladando al sector empresarial el coste de carencias que le son ajenas.
El problema no es el derecho a protegerse ante una emergencia; el problema es la ausencia de un reparto equilibrado de responsabilidades. La factura de este desorden estructural no puede recaer exclusivamente en quien genera actividad económica y empleo.
Asimismo, es evidente que los fenómenos meteorológicos extremos ya no son episodios excepcionales. El cambio climático está redefiniendo nuestro entorno obligando a repensar protocolos y mecanismos de respuesta. Nos encontramos ante una nueva realidad que exige anticipación y corresponsabilidad. Adaptarnos no puede significar simplemente desplazar los costes hacia el último escalón de la cadena.
En este contexto, propondremos con carácter urgente una modificación legislativa del denominado permiso climático para garantizar que cumpla su finalidad original: proteger a las personas ante emergencias reales sin que el coste recaiga exclusivamente sobre las empresas. La protección es imprescindible, pero es necesario establecer un marco equilibrado que distribuya adecuadamente las responsabilidades y preserve tanto los derechos de las personas trabajadoras como la viabilidad del tejido empresarial.
Paralelamente, impulsamos un grupo de trabajo específico para analizar, con expertos y representantes de los diferentes sectores de actividad, las afectaciones recientes con rigor y datos; cuantificar su impacto, redefinir protocolos y formular propuestas concretas que nos permitan anticiparnos mejor a estos escenarios. El objetivo es construir un conjunto sólido de medidas para mejorar los protocolos de actuación ante la diversa tipología de episodios que nos afectan de forma recurrente.
En el ámbito ferroviario, lo ocurrido estos días refuerza la necesidad de un Pacto Nacional Ferroviario que vaya más allá de la actual propuesta sobre Cercanías. Es necesaria una visión integral de la red, compromisos de inversión sostenidos y una gobernanza clara que garantice fiabilidad y eficiencia. La movilidad es condición indispensable para la competitividad del país y la cohesión social.
Si queremos prosperidad y ocupación, hay que asumir que la resiliencia tiene un coste, pero también que este coste debe ser compartido. No podemos seguir funcionando con un esquema en el que las disfunciones del sistema se convierten, de forma recurrente, en sobrecostes empresariales. Es momento de afrontar esta nueva realidad con responsabilidad, decisiones valientes y protegiendo, también, a quien crea actividad, empleo y riqueza.
