"Y febrero era el nombre de una epidemia"
Erri De Luca
Febrero aún no ha cerrado y la subida de enero deja varios cráteres abiertos, árboles caídos y taludes derrumbados. Y todos los pilares del país medio tambaleándose. Y no por el efecto de las ventoleras: campesinado sublevado, educación en lucha, médicos en protesta, mercancías paradas, Cercanías arriba, Sindicato de Alquiladoras a punto para una nueva movilización. De hecho, no es enero quien les deja apeados: el sector primario atragantado, los servicios públicos al límite, la vivienda imposible y el derecho a la movilidad desquiciado tiemblan hace demasiados años. En mala consonancia, o en puntual consecuencia, febrero también ha arrancado con los datos desnudos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, hecha pública por el Idescat. Como si fuera ayer, cuando nos despertamos el dinosaurio todavía estaba allí. Dato crónico y estructural: el 24,8% de la sociedad catalana está en riesgo de exclusión social, por muchos cerdos que exportamos a China y por muchos Seats que se fabriquen allí haciéndoles pasar por coches europeos. La encuesta oficial, peor que la de hace un año, deja un retablo consolidado: el 47,3% tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo un 3,8% –minoría absoluta– llega "con mucha facilidad". Un 29,4% no puede permitirse una sola semana de vacaciones. Y los rostros, rastros y restos del riesgo de pobreza van por barrios y condición social: mujeres (26%), niños (36%), migrantes (49%) y desempleados (55%). Con un contrapunto no menor como telón de fondo: en realidad, el riesgo de pobreza afecta al 40% de la población catalana. Se reduce a la mitad sólo después de todas las transferencias sociales públicas, especialmente las pensiones. De derechos nacidos después de años de dura lucha democrática y siempre cuestionados por los de siempre: los multirreincidentes del poder. Cerrados en una fortificación belga, la UE debate estos días si amplía la desregularización general que nos ha llevado hasta aquí mismo.
Contracciones y contradicciones, hay otras contabilidades paralelas y otras incompatibilidades chaparreras donde nada cambia nunca. Por ejemplo: 34.000 millones de euros de beneficios netos de la banca española, nuevo récord histórico y antológico a razón de 93 millones diarios, de 4 millones por hora, de 65.000 euros por minuto. Las eléctricas, pese al gran apagón, acumulan 11.000 millones en ganancias puras, a sinrazón de 30 millones diarios, un millón y cuarto por hora, 21.000 euros por minuto. Lo demás ya se lo saben. Los huevos han subido un 30%, el precio de compra de la vivienda ha subido un 6,4% y el precio del alquiler un 11% durante 2025. Aparentemente distante y con ecos italianos, desde Milán llega la intervención judicial contra la filial de la start-up catalana Glovo, acusada de explotación laboral decimonónica en jornadas de doce horas. De estrangular pobres: en algunos casos, según la fiscalía, estaban pagando a sus repartidores un 82% menos que lo que fija el convenio. No me parece menor un detalle catalán que conecta directamente: hace ocho meses, en el marco del décimo aniversario de la compañía catalana, Salvador Illa felicitó a la empresa –inmersa todavía en procesos judiciales y con multas millonarias pendientes de pagar– en un acto con la presencia de patronales y sindicatos mayoritarios. Pero la multirreincidencia siempre insiste.
El arranque de febrero también deja dos manifestaciones por Cercanías –y habrá que celebrar ambas, como van las cosas– que no supieron encontrar un nexo común, que no parecía muy lejano. Bastaba con no ceder ni a la exclusión ni a la exclusividad: ningún independentista debe dejar de serlo para protestar contra el desbarajuste ferroviario; ningún usuario cabreado debería dejar de ir para que el independentismo comparta y se vuelque por completo en la causa.
Otro desacuerdo invernal remite a la piedra a las aguas estantisas de las izquierdas realmente existentes lanzada por Gabriel Rufián. Sin miedo a debatir nada, concurren al menos tres debilidades: que el debate se abra por arriba, que va excesivamente marcado a toda prisa por el próximo ciclo electoral –cuando el reto no es solo electoral– y que los nudos son territorialmente asimétricos. Con la demoscopia en la mano, parece del todo previsible que las izquierdas soberanistas catalanas, vascas y gallegas harán el trabajo que les corresponde a las próximas elecciones generales españolas. El agujero, el eslabón débil, es demasiado conocido: no habrá 71 diputados de Podemos ni 31 de Sumar a la izquierda del PSOE. Y aquí también concurrimos reflexiones encadenadas: quien crea que un futuro gobierno de 200 diputados de PP y Vox no nos afectará despega a la nada; quien crea que todo debe ser sacrificado en el altar unitario aterrizará en ninguna parte. Y más aún: quien crea que –sin cambios profundos, nuevos ciclos movilizadores y sólidos enredamientos– basta una nueva prórroga sanchista hasta el 2030 para salvarnos de la acometida, bebe aceite. Por el contrario, otras dos evidencias: no hay peor derrota que la que se produce por simple incomparecencia y no hay peor reduccionismo que el electoral de fusión fría. Como alertaba Xavier Domènech el pasado diciembre: "En un momento de incapacidad política para establecer una estrategia efectiva contra la ola reaccionaria, probablemente deberá ser del mundo social y cultural de donde parta la iniciativa".
En estricta y comprimida conclusión, concurre una última evidencia casi epifánica. Me resulta elocuente del todo, y deslumbrante de tanto que quema. Podría explicar por qué estamos donde estamos y desnudar los tres párrafos anteriores. Porque entre desahuciar a 400 personas, con corneta militar y bombo y platillo, sin ninguna alternativa habitacional en Badalona a las puertas de Navidad y desahuciar a 200 personas en la Zona Franca, esta semana, sin ofrecerles ningún techo, no hay ninguna diferencia, solo una sola distinción y una multirreincidencia sistémica. Ninguna diferencia; una distinción –una la hace el PP; la otra, el PSC–, y una multirreincidencia: la misma aporofobia. La distinción radica en cómo se gestiona enviar a la gente más pobre a una intemperie mayor. Albiol hace mucho ruido clasista y racista, y Pere Navarro, presidente del Consorcio de la Zona Franca y el sueldo más alto de la esfera pública catalana, desahucia a los más vulnerables hablando de desratización. Y sin embargo, el efecto humano y el impulso político resulta idéntico. Si el efecto y la causa son el mismo, envueltos en colores aparentemente antagónicos, ¿dónde estamos exactamente? ¿Qué marco se fomenta? ¿Qué cabe esperar? ¿Qué da tanto miedo? En el fondo, espíritu de época, blindamos fronteras, levantamos muros y electrificamos alambradas para decirles a los que vienen que nunca podrán vivir como nosotros. Les negamos lo que queremos para nosotros. Pónganle nombre.
