Barcelona“Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad”. Pocas fórmulas políticas han tenido una vida tan larga y una fuerza tan grande como estas palabras de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Aprobadas el 4 de julio de 1776, representan una ruptura histórica: el poder no podía derivar de la sangre, de la corona ni de la voluntad divina, sino de los derechos de las personas y del consentimiento de los gobernados.
La fórmula continúa siendo poderosa porque es sencilla y radical. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no son privilegios concedidos por los gobernantes; son derechos previos al poder. El gobierno existe para protegerlos. Y, cuando deja de hacerlo, pierde su legitimidad.
Esta es la intuición fundacional de la república norteamericana. Pero también es una de sus contradicciones más profundas. Los mismos hombres que proclamaban que “todos los hombres son creados iguales” mantenían la esclavitud, excluían a las mujeres de la ciudadanía política y avanzaban hacia el oeste a costa de la destrucción de los pueblos indígenas. La Declaración abrió una promesa universal y la historia de los Estados Unidos ha sido, desde entonces, la disputa sobre quién podía formar parte realmente de aquel “todos”.
La democracia americana nació como una aspiración y como una lucha. Y, como casi todo, ha dependido menos de la nobleza de sus palabras que de la capacidad de hacerlas efectivas. Las democracias no solo pueden fracasar por un golpe de estado, por una invasión o por la llegada de un dictador. También pueden degradarse desde dentro, cuando el miedo, la polarización y el resentimiento hacen que una parte de la sociedad considere que las reglas ya no son comunes.
John Adams, uno de los padres fundadores, lo entendió pronto. Desconfiaba tanto del poder personal como de las pasiones colectivas. Sabía que los dirigentes pueden presentarse como salvadores mientras concentran poder, y que los ciudadanos pueden renunciar a las libertades esenciales cuando se les convence de que el enemigo interno es más peligroso que el abuso de poder.
Adams no creía que la libertad dependiera de tener buenos gobernantes. Creía que dependía de disponer de instituciones capaces de limitarlos. De ahí su defensa de la separación de poderes, de los contrapesos y del equilibrio constitucional. No por la virtud humana, sino porque conocía demasiado bien la ambición, la vanidad y la capacidad del poder para justificarse.
La diferencia con Thomas Jefferson era profunda. Jefferson confiaba más en el pueblo y en la energía regeneradora de las revoluciones. Adams temía que la política se convirtiera en una guerra de facciones, que el adversario dejara de ser un conciudadano con quien discrepar para convertirse en un enemigo a eliminar. Cuando esto pasa, la democracia deja de ser una forma de convivencia imperfecta y se convierte en una batalla moral sin límites.
Lo más incómodo es que Adams tampoco escapó de esta tentación, apoyó las Alien and Sedition Acts, que permitían perseguir disidentes y expulsar a extranjeros considerados peligrosos y Trump las utiliza hoy. La lección es importante: las democracias no pierden libertades solo ante dirigentes autoritarios. También las pueden perder cuando gobernantes republicanos, convencidos de que afrontan una emergencia, asumen que la seguridad o la unidad nacional justifican la excepción.
Este es el mecanismo más profundo del suicidio democrático. No consiste solo en el hecho de que los poderosos traspasen los límites. Consiste en que una parte de la sociedad acepte que los traspasen. Que el miedo haga tolerable la arbitrariedad. Que la indignación haga aceptable el abuso. Que la obsesión por derrotar al otro bando haga parecer secundarias las garantías que deberían proteger a todos.
La promesa de 1776
La historia de los Estados Unidos ofrece otro ejemplo especialmente duro. Tras la guerra civil, el país tuvo una oportunidad real para construir una democracia multirracial. La abolición de la esclavitud, las enmiendas constitucionales y la participación política de los afroamericanos abrían la posibilidad de dar contenido efectivo a la promesa de 1776.
Pero aquella oportunidad fue abandonada. Convirtieron los derechos de los afroamericanos en una moneda de cambio. El compromiso con la retirada de las tropas federales del Sur dejó el camino abierto a la segregación, al terror racial y a la privación de derechos durante décadas.
No fue inevitable. Fue una decisión política. La democracia multirracial no fracasó porque fuera imposible; fracasó porque el orden, la estabilidad y la reconciliación entre blancos pasaron por delante de la igualdad. Siempre hay una justificación aparentemente pragmática para aplazar los derechos de algunos: una crisis económica, una elección decisiva, una emergencia nacional, la necesidad de no dividir más el país. Y, mientras tanto, el aplazamiento se convierte en sistema.
Los 250 años de la independencia llegan en un momento de crisis. La bandera, la nación y la memoria histórica son armas partidistas. Una parte de la derecha reclama una historia purificada, sin esclavitud, sin exterminio indígena, sin segregación ni exclusión. Una historia que confunde orgullo nacional con amnesia. Y una parte de la izquierda corre el riesgo, a veces, de hablar del país solo a través de sus crímenes, como si la promesa democrática fuera una impostura.
Pero una sociedad democrática no necesita una historia limpia. Necesita una historia cierta. Necesita poder reconocer que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue a la vez una de las grandes afirmaciones modernas de libertad y un texto nacido en una sociedad esclavista. Necesita entender que aquella contradicción no invalida la promesa, sino que obliga a cumplirla.
